La Audiencia de Zaragoza juzgará el próximo 10 de enero a José Antonio Santa Casilda Florentín, para el que la Fiscalía pide 5 años y medio de cárcel por aprovecharse de su cargo como oficial administrativo del sindicato OSTA Aragón para provocar un desfalco de más de 320.000 euros. Compartirán con él banquillo su esposa, María Ascensión A. G., y su hija, María Paola S. A., quienes se enfrentan también a sendas penas de dos años de cárcel acusadas de un delito de insolvencia punible. Según el ministerio público, estas no solo se beneficiaron de las irregularidades cometidas por el principal encausado sino que también le ayudaron a despatrimonializarse para no tener que responder ante sus acreedores.

En su escrito de acusación, la Fiscalía asegura que José Antonio Santa Casilda estuvo al menos siete años –desde 2006 hasta 2013– aprovechándose de su acceso a las cuentas de OSTA para perpetrar todo tipo de tropelías contables. Como era la única persona autorizada para llevar a cabo estas gestiones y contaba con la plena confianza de sus superiores, estos no descubrieron el desfalco hasta que la Policía se presentó en la sede del sindicato para comunicarles el embargo de varios vehículos. Fue entonces cuando les explicaron que arrastraban importantes deudas con la Agencia Tributaria (más de 200.000 euros), la aseguradora Adeslas (82.000 euros) o el propietario del local que el sindicato tiene arrendado en Zaragoza.

Cuando la gestora de OSTA hizo gestiones para aclarar lo sucedido y conocer su verdadera situación contable, se dio cuenta de que había desaparecido prácticamente toda la documentación y no existían archivos que reflejaran las entradas y salidas de dinero del banco, ni extractos, ni recibos o fracturas. Todo ello condujo al inmediato despedido del ahora acusado, contra el que también se iniciaron acciones penales.

Entre las irregularidades detectadas por OSTA figuran varias transferencias no autorizadas desde las cuentas del sindicato a las del excontable: una de ellas, con fecha 3 de febrero de 2012, por casi 16.000 euros. El fiscal y la acusación particular, a cargo de Trinidad Paño, también le atribuyen desvíos de dinero a su esposa o el cobro de parte de algunos cheques.