ZEC rectifica y anula el pago de 404.700 euros a la empresa del Bizi ante el varapalo de Intervención

El gobierno municipal de ZEC se vio obligado el jueves a rectificar y anular la decisión adoptada el miércoles de pagar una indemnización de 404.700 euros a la empresa del servicio Bizi de Zaragoza, Clear Channel, por la pérdida de 13.000 usuarios registrada en los últimos años. Lo hizo al trascender que la citada compensación se había aprobado con un informe de la Intervención del Ayuntamiento que cuestionaba seriamente ese pago.

ZEC trató de justificar que se aprobara el expediente con la opinión de Intervención en contra con el argumento de que los servicios técnicos habían transmitido "que todos los informes eran favorables", algo que no era así. De hecho, el acuerdo del gobierno dice "que ha sido emitido informe favorable con fecha 27 de diciembre por Intervención".

La firma del coordinador

Este documento lo firmó el coordinador de Servicios Públicos y Personal, Aurelio Abad, que tuvo ese mismo puesto en la época en la que gobernaba el PSOE. Era por tanto el número 2 del área cuando en 2011 se alcanzó el acuerdo con Clear Channel para ampliar el Bizi y que ha motivado ahora la petición de compensación. ZEC no aclaró si se van a depurar responsabilidades políticas por esta cuestión.

Pero el informe de Intervención, el máximo órgano del control de legalidad y fiscalización económica, no se puede interpretar como favorable y así lo asumió el jueves ZEC después de la reunión extraordinaria del gobierno en la que se anuló la indemnización. "Tras comprobar que el informe de Intervención no es totalmente favorable y que existen algunas dudas al respecto, el acuerdo alcanzado se desestima por considerar el gobierno que el servicio de bicicleta pública de Zaragoza merece que las decisiones que se tomen al respecto sean escrupulosas con las formas y con el fondo", indicó ZEC, que subrayó que se mantiene el proyecto de duplicar el servicio y extenderlo a todos los barrios con 1.200 bicicletas en tres años.

El documento de Intervención, de fecha 28 de diciembre, es contundente y pone en entredicho la viabilidad jurídica de la indemnización, que deriva del acuerdo de ampliación del servicio en 2011. En concreto, el pago de 404.700 euros se justifica al no alcanzarse los 39.000 usuarios, cifra acordada en 2011 cuando se incorporaron a la red 300 ‘bizis’ y 30 nuevas estaciones. En la actualidad, hay 25.682 abonados, frente a los 38.732 del año 2011, lo que implica una reducción de 13.050.

El informe subraya que faltaba documentación y señala las dudas que en 2011 expresó la Asesoría Jurídica sobre los porcentajes de ampliación. Indica por otro lado que la cifra de 39.000 usuarios "no quedó reflejada en informes técnicos o en la memoria económica presentada por la empresa".

Ampliación "sin costes"

Los responsables de Intervención recuerdan que el gobierno municipal aumentó el servicio en 2011 bajo la premisa de que "el equilibrio económico financiero de la presente ampliación se mantiene a través de los medios recogidos en la memoria económica obrante en el expediente sin que en ningún caso se generen costes para el Ayuntamiento".

Por otro lado, insisten en que la ejecución de la concesión "ha de ser a riesgo y ventura del adjudicatario" y rebaten el principal argumento esgrimido por la empresa, Clear Channel, para justificar la indemnización: la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que prohibió la circulación por las aceras. Según la concesionaria del servicio, ese descenso está motivado por la sentencia.

Pero el informe de legalidad rechaza que la sentencia judicial pueda considerarse "un elemento sobrevenido", dado que la interposición del recurso es del año 2009. Por lo tanto, en 2011 "no era desconocida esa circunstancia", por lo que considera que se deberían haber tenido en cuenta las consecuencias de una resolución judicial desfavorable.

Intervención cuestiona tanto el informe de la oficina económico jurídica de Servicios Públicos como de la propia empresa y plantea "dudas razonables" de que se pueda considerar que el límite de 39.000 usuarios obligue al Ayuntamiento de Zaragoza a indemnizar. "Partiendo del principio de riesgo y ventura (...), dificultaría el reconocimiento que una circunstancia como la aludida haya sido un elemento imprevisto que vincule al Ayuntamiento de presente y futuro", apunta.

Además, concluye que un acuerdo que suponga compromiso de gasto debe contar con los documentos que justifiquen la existencia de partida presupuestaria "adecuada y suficiente", porque si no quedarían "viciados de nulidad de pleno derecho".