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Zaragoza

Diez entidades recurren ante el TSJA la autorización del 'outlet' de Pikolin

Se oponen, por razones de tipo urbanístico, a la reconversión de una zona industrial de la ciudad en una gran superficie comercial.

Recreación del 'outlet', cuyo complejo estará presidido por la torre de Pikolin.
Recreación del 'outlet', cuyo complejo estará presidido por la torre de Pikolin.
HA.

Diez entidades sociales de Zaragoza han presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra la aprobación por parte del Ayuntamiento del Plan Especial para la creación de un 'outlet' en los terrenos de la antigua fábrica de Pikolin.

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), organizaciones de comerciantes, sindicales, ecologistas y políticas presentaron el pasado jueves, 22 de diciembre, este recurso contra la aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento de Zaragoza del Plan Especial del Área de Intervención H-61-5, conocido como Torre Village y promovido por Iberebro.

Según ha informado la FABZ en un comunicado, las entidades demandantes se oponen, por razones de tipo urbanístico, a la reconversión de una zona industrial de la ciudad en una gran superficie comercial, al entender que no cabe autorizar dichos usos en esa ubicación conforme a las normas y contenido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y recuerdan que la aprobación fue posible por el voto favorable de los grupos municipales de PP, PSOE y C's.

Las entidades que han presentado el recurso son las de vecinos y consumidores (FABZ), comerciantes (Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Provincia de Huesca, las asociaciones de comerciantes 'Yo compro en las Fuentes' y 'Asociación San José Barrio Comercial de Zaragoza'), sindicales (Federación de Servicios de Comisiones Obreras y la Federación Estatal de Servicios Movilidad y consumo de la UGT).

También ecologistas (Ecologistas en Acción) y políticas (Izquierda Unida de Aragón, Podemos, ZeC) se oponen a un proyecto que estiman "lesivo" a los intereses generales de la ciudad y contrario al PGOU y diferentes normas urbanísticas de aplicación.

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