El Ayuntamiento de Zaragoza es la entidad local que más dinero ha tenido que pedir al Estado para poder afrontar el pago de sentencias. En los dos últimos años, el Gobierno central ha concedido al Consistorio de la capital aragonesa casi 45 millones de euros para afrontar fallos judiciales contrarios, una cantidad que solo es seguida de cerca por los 43,7 millones que ha recibido Palma de Mallorca. Para el año que viene, el gobierno de ZEC ya ha anunciado que va a pedir otros 25 millones de euros. Con esa cantidad, más el fondo de contingencia, asumirán los 33 millones a los que ya ha sido condenado en los tribunales, en todos los casos por conflictos generados antes de que los ‘comunes’ entraran al gobierno. Para colmo, esta cantidad puede seguir creciendo en los próximos meses.

Zaragoza es líder entre todas las ciudades españolas que se han acogido al Fondo de Impulso Económico, el mecanismo de crédito habilitado por el Ministerio de Hacienda para afrontar estos pagos. En 2015, el recién estrenado gobierno de ZEC pidió y se le concedieron 44,8 millones de euros para pagar pleitos pendientes, con críticas del alcalde Santisteve al anterior gobierno por "falta de prudencia financiera". El resto de ayuntamientos, entre todos, se repartieron 142 millones.

Ese año 2015 el gobierno municipal anunció que solicitaría para el siguiente curso otros 45,3 millones. Sin embargo, las prohibiciones de endeudamiento que tenía el Ayuntamiento y la ausencia de sentencias firmes lo impidieron, por lo que Zaragoza no recibió ninguna cantidad del Fondo Impulso 2016.

La única gran ciudad

Pese a ello, la capital aragonesa es la que más crédito ha percibido del Estado para afrontar el pago de sentencias entre 2015 y 2016. Los 44,7 millones solicitados y concedidos en 2015 superan a los 43,7 de Palma de Mallorca. La ciudad balear es la única que sigue de cerca a Zaragoza. Por detrás de estas dos capitales hay localidades como Miño (La Coruña) con 12,5 millones solicitados, Estepona (9,6 millones) o Alcázar de San Juan (9,3 millones). Por tamaño, el caso de Zaragoza resulta casi una anomalía en el ranquin, ya que el resto de grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla) no han tenido que pedir ni un euro al Fondo de Impulso Económico ni en 2015 ni en 2016.

De los 44,8 millones que tuvo que pedir Zaragoza, 24,9 fueron para pagar las sentencias y 19,9 para abonar los intereses generados desde el momento en el que surge el conflicto hasta que se abonan. La inmensa mayoría de estas cantidades correspondieron al pago de expropiaciones, algunas de ellas de hace muchos años. Por ejemplo, la expropiación de la avenida Puente del Pilar es de 1990, y obligó a pagar con el Fondo Impulso de 2015 –es decir, un cuarto de siglo después– 4,9 millones de la sentencia y 5,5 de los intereses de demora.

El gobierno sigue recurriendo

Pese a la alta cantidad de dinero ya abonada, el Ayuntamiento sigue teniendo un problema con el incesable goteo de sentencias judiciales que continúa cayendo. Para el hipotético Fondo Impulso del año que viene, el gobierno de ZEC ya ha anunciado que va a pedir 25 millones de euros para poder satisfacer el pago de tres sentencias judiciales: las revisiones de precios de FCC de 2012 y 2013 (10,8 millones de euros), de 2010 y 2011 (7,9 millones) y la revisión de precios de Tuzsa de 2009 (15 millones). Estas condenas suman 33 millones, que el Ayuntamiento quiere cubrir con los 25 del Fondo Impulso y el fondo de contingencia de 2016.

Para colmo, la cifra podría crecer en los próximos años si los pleitos que hay en los tribunales son desfavorables, o si alguna de las sentencias que han sido contrarias en primera instancia se acaban convirtiendo en firmes. De hecho, el concejal de Economía, Fernando Rivarés, llegó a cifrar en 180 millones la cantidad que estaba en juego en los tribunales. El gobierno de ZEC prefirió no realizar ayer ningún comentario sobre todos estos datos.

A pesar de que el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, anunció en su llegada al poder que iba a acabar con la práctica de recurrir sistemáticamente las sentencias contrarias, el gobierno de ZEC ha apelado la gran mayoría. Uno de los casos más llamativos es el de la expropiación del Tiro de Pichón.

El Supremo, en sentencia firme, obligaba al Ayuntamiento a pagar 7,3 millones, pero el gobierno recurrió a un fórmula jurídica poco ordinaria como la revisión de la sentencia, aplazando así la decisión final.