Una juez ordena pagar al Ayuntamiento la deuda de 2,6 millones por las obras del corredor verde

El Ayuntamiento de Zaragoza acaba de recibir su enésimo varapalo en los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Zaragoza lo ha condenado a pagar los 2,6 millones de euros a los que asciende la deuda por la segunda fase del corredor verde Oliver-Valdefierro, que se remonta a la pasada legislatura. El equipo municipal de Zaragoza en Común (ZEC) tiene previsto recurrir, a la espera del informe de los servicios jurídicos.

La sentencia estima íntegramente la demanda presentada por las contratistas de las obras, Acciona y MLN, a las que también se les reconoce los intereses, estimados en 400.000 euros, y las costas, hasta 2.000 euros. La Unión Temporal de Empresas (UTE) reclamó la deuda al Ayuntamiento hace un año tras el impago por parte de la junta de compensación de Arcosur, que alcanzó en 2011 el compromiso con el equipo municipal socialista de financiar "anticipadamente" las obras de conversión del antiguo trazado ferroviario a su paso por Oliver y Valdefierro en un corredor verde.

El Ayuntamiento adjudicó la segunda fase por 13,7 millones en 2010, aunque su coste final ascendió a 15,1. Las arcas municipales abonaron a la UTE las primeras certificaciones del corredor, pero el entonces equipo socialista pactó en 2011 con Arcosur que asumiera directamente las restantes. Así se recogió en una adenda al convenio urbanístico firmado en 2005, por el que el Ayuntamiento renunció a parte del suelo que le correspondía por cesión a cambio de que Arcosur pagara actuaciones por 32,7 millones. En la lista se incluyó el corredor verde.

Como apunta la juez, Arcosur abonó a las constructoras 12,4 de los 14 millones que le correspondían, pero sus problemas económicos le llevaron al impago y a plantear al Ayuntamiento saldar la deuda con suelo. Esta pretensión fue rechazada por el pleno en abril de 2015, sesión en la que el edil popular Pedro Navarro ya advirtió de la situación que finalmente se ha generado.

Pese a que la defensa municipal ha sostenido que quedaba exonerado de abonar la obra, la juez considera, como defendían las empresas, que el citado acuerdo de "subrogación y pago" entre Arcosur y el Ayuntamiento, no implica que las arcas municipales quedaran liberadas de la deuda. La sentencia apunta que resulta "clara" la interpretación del acuerdo: "Lo que realmente se acordaba", apunta, es un "pago por tercero".

Para que no haya dudas, la juez reproduce parte del texto para sostener la tesis de que se pactó "un determinado mecanismo de pago" con el objetivo de "agilizar" el abono de las certificaciones de la obra que iban presentando las constructoras, "sin pasar previamente por la caja municipal". Y subraya que se mantendría "hasta la finalización y liquidación definitiva del contrato".

La sentencia recuerda que dicha liquidación se produjo en abril de 2015 por acuerdo municipal y que, por tanto, "desde ese momento se acaba cualquier liberación económica pactada para el Ayuntamiento". Además, alude a que la institución requirió unas semanas antes a Arcosur que abonara la deuda a las constructoras. Con estos hechos, sostiene la juez, la defensa municipal tiene "problemas" para sostener su argumentación. "Si realmente se hubiese producido una subrogación extintiva de la deuda no sería congruente que el Ayuntamiento optase por asumir de nuevo la posición deudora frente a la contratista", concluye.Negociación con Arcosur

El concejal de Hacienda, Fernando Rivarés, criticó ayer con dureza al anterior equipo socialista por la acumulación de sentencias condenatorias por su gestión, a la que se suma ahora la del corredor. "Es fruto de su política urbanística. De la ligereza de aquellos tiempos llegan estas ruinas", dijo antes de cuestionar que Arcosur, "participada por entidades financieras", no asumiera los pagos.

Rivarés señaló que están negociando con la junta de compensación de Arcosur para que haga frente a la deuda. No solo los 2,6 millones de las obras del corredor verde sino los 3 millones que también debe a la Tesorería municipal, más intereses. Los promotores plantean un calendario de pagos para poder hacer frente a sus obligaciones.