El Grupo Aragonés ha presentado una iniciativa en las Cortes para instar al ejecutivo autonómico a que promueva y garantice el derecho a una vivienda digna pero que eso no suponga contravenir el derecho a la propiedad privada.

Las diputadas Berta Zapater y Elena Allué han informado este lunes en rueda de prensa de esta proposición no de ley, que en su primer punto pide que se garantice el derecho a una vivienda digna "facilitando el acceso en régimen de propiedad o alquiler, mediante la promoción de vivienda pública y protegida, prestando especial atención a los colectivos más necesitados". Y que esta garantía "se lleve a cabo sin contravenir el derecho que tienen todos los españoles a la propiedad privada, sin que nadie pueda ser privado de su propiedad ni del uso que se haga de la misma".

El PAR, en una nota de prensa, recuerda que la Constitución reconoce el derecho que tienen todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y menciona que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Y el Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la comunidad la competencia exclusiva en vivienda, habilitando a los poderes públicos a promover de forma efectiva el ejercicio del derecho a una vivienda digna, facilitando el acceso a ésta en régimen de propiedad o alquiler, mediante la utilización racional del suelo y la promoción de vivienda pública y protegida y prestando especial atención a los jóvenes y colectivos más necesitados.

El PAR también recuerda que la Constitución española reconoce como derechos la propiedad privada y la herencia y garantiza que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes.

Derecho que, recuerda, también reconoce el protocolo adicional de 20 de marzo de 1952 al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, ratificado por España el 2 de noviembre de 1990.

Este reconoce el derecho de toda persona física o moral al respeto de sus bienes sin que nadie pueda ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la Ley y los principios generales del Derecho Internacional.