El gobierno municipal de ZEC acordará hoy no presentar un recurso ante el Tribunal Supremo y dar por buena la sentencia que anula tres cláusulas del pliego de condiciones del concurso por el que se adjudicó a Auzsa en 2013 el servicio de bus urbano. Así lo confirmaron tanto el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, como el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, pese a que los técnicos sostienen que de esta decisión podrían derivarse indemnizaciones a la empresa de hasta 60 millones.

En sus valoraciones de la polémica medida, los dos responsables públicos evidenciaron sus diferencias. Mientras el primero restaba valor al fallo judicial y descartaba la remunicipalización del servicio, el segundo apostaba por esta fórmula de gestión directa y pública y aseguraba que si al final había que indemnizar a Auzsa la culpa sería del PSOE.

Pese a que negó discrepancias con Cubero, Santisteve fue claro sobre la posibilidad de que después de este proceso el Ayuntamiento asuma el servicio. "Eso es una elucubración, una posibilidad bastante remota", dijo el regidor, frente a la tesis de Cubero, que afirmó: "En el momento hipotético en el que el contrato quede anulado, desde luego nos plantearemos la posibilidad de la remunicipalización del servicio".

En el marco de unas confusas declaraciones, el alcalde al final confirmó que la posición del grupo de ZEC es la de no recurrir. Ante la posibilidad de cambiar de posición hoy, afirmó que "no es una cosa que se decida de un día para otro". Acto seguido, trató de restar importancia a la medida, al señalar que la sentencia tiene solo efectos "declarativos" y que es de "imposible ejecución".

Aseguró que "la novedad" que introduce la sentencia es que puedan competir empresas de carácter cooperativo en estas licitaciones. Pero respecto a las consecuencias para el Ayuntamiento que la sentencia fuera firme, poniendo en jaque el concurso público al anularse tres cláusulas de los pliegos, se mostró convencido de que serán pocas. "Son cábalas jurídicas", dijo.

Opinó que una posible ejecución podría implicar la indemnización a la sociedad cooperativa de trabajadores que se presentó al concurso frente a Tuzsa (ahora Auzsa) y que ganó el pleito. No apuntó la cuantía, que a su juicio estaría vinculada a las costas procesales o al daño moral.

Rechazo a una nueva licitación

Respecto a las posibilidades de que la concesión a Auzsa sea revocada, consideró que "es bastante dudoso"."La cooperativa no recurrió la adjudicación", declaró. Con el convencimiento de que Auzsa recurrirá en casación, aseguró que "cuando se pronuncie el Supremo o el juez veremos qué escenarios hay".

Cubero fue mucho más claro que Santisteve en su defensa de no recurrir la sentencia, dado que "viene a avalar algo que el gobierno siempre ha denunciado". Aseguró que es "una decisión reflexionada" y subrayó su carácter político, fruto de las competencias del gobierno. Admitió que no cuenta con ningún informe técnico que la avale.

El concejal de Servicios Públicos aseguró que Auzsa "ha recibido un trato de favor" y llegó a decir que "la adjudicación fue a dedo". En contra de lo que sostuvo Santisteve, explicó que la sentencia no anula el contrato, pero no descartó esa posibilidad e incluso que haya que pagar costosas indemnizaciones que no quiso cuantificar. "Tememos que se pueda producir una indemnización millonaria", afirmó Cubero. A su juicio, los culpables "últimos y directos" serían los responsables de la adjudicación, en referencia al PSOE.

Ante las contradicciones que mantiene con Pedro Santisteve, Cubero dijo no sentirse "desautorizado" e insistió en que tanto si se anula la concesión a Auzsa ahora o cuando expire en 2023 el contrato, apostará por la remunicipalización de este servicio.