El Ayuntamiento acumula más de 72 millones pendientes de cobro de las administraciones públicas, según los últimos datos de su contabilidad. Se trata de una cantidad ligeramente superior a la que ya había en mayo y ello se debe, fundamentalmente, a que el Consistorio ya computa los 10,3 que la DGA tiene que abonarle en materia de acción social, incluida la encomienda de asistencia domiciliaria. Los casi 40 millones que se le piden por las obras del tranvía, una cantidad que todavía es puesta en tela de juicio desde el Gobierno autonómico, copan buena parte de esta deuda.

Según fuentes del área municipal de Economía, la DGA abonó la semana pasada tres millones que podrían ser en concepto de tributos, si bien sigue siendo de lejos la entidad que más dinero debe a las arcas municipales según el servicio contable del Ayuntamiento: unos 58 millones. Las anualidades pendientes del convenio de financiación de la línea 1 del tranvía, cuyo coste todavía está en discusión, protagonizan la mayor parte del dinero pendiente de cobro en la plaza del Pilar: la DGA todavía no ha pagado las cuantías que le reclama el Consistorio por 2013 (9,9 millones); 2014 y 2015 (14,85 millones respectivamente): 39,6 en total, que ya han sido adelantados a la sociedad Los Tranvías de Zaragoza.

Precisamente, este mes de julio el concejal de Economía, Fernando Rivarés, volvió a dirigirse al Pignatelli para requerir el pago de todas estas cantidades, de las que la DGA, en un principio, solo se ha comprometido a abonar a la mayor brevedad los 14,85 millones correspondientes a 2015. En el caso de los otros 24,75 no hay acuerdo aún porque no existe consenso sobre lo que costaron las obras, apuntan fuentes de la DGA. Estas anualidades, en todo caso, son las que figuran en el convenio que firmaron ambas administraciones para pagar parte de la obra.

Precisamente, en el último pleno fue aprobada una moción a propuesta de Ciudadanos de crear una comisión que analice las deudas que acumula el Consistorio con la DGA y también al revés. En el debate, el concejal de Economía, Fernando Rivarés, criticó precisamente que el contenido final de esta iniciativa contara con impagos del Ayuntamiento al Pignatelli, algo que, aseguró, no existe salvo 800.000 euros a Expo Empresarial por una encomienda que, dijo, está en cuestión. El PP, en dicho debate, planteó ampliar esta comisión al resto de instituciones que adeudan dinero al Consistorio.

El PP, que a su vez había preguntado por la deuda del tranvía en la última comisión, puso de relieve la cantidad total de dinero que se mantiene sin cobrar: «Ante una situación económica tan delicada el Gobierno debería poner en marcha todos los mecanismos para no pasar por alto esta situación», afirmó María Navarro, la portavoz popular de Economía. En cuanto al resto de deudas no tributarias, la Unión Europea adeuda la única cuantía relevante al margen de la del Gobierno autonómico: se trata de 2,33 millones de los que la mayor parte corresponden a los fondos de cohesión Feder (1,5), además de otras cantidades menores por distintos proyectos, entre ellos infraestructura verde (casi medio millón de euros) y los huertos kilómetro cero (cien mil euros). Asimismo, Zaragoza reclama al Ministerio de Hacienda 32.142 euros por dos obras en el río Gállego.Impuestos pendientes

Por otro lado, a fecha 30 de junio, se contabilizaban 23.224.580 euros en deuda tributaria. De esta cuantía, la DGA acumulaba 11,3 (a ellos se descontarían los tres ingresados a última hora, según las fuentes de Economía), repartidos en los diversos servicios autonómicos. Además, destacan por su cuantía las cantidades que se reclaman a la Cámara de Comercio (3,8 millones de deuda, de los que 2,1 figuran como suspendida y sujeta a posible litigio); 2,3 al Ayuntamiento de Utebo (según el Consistorio zaragozano se trata de una cuantía relacionada con el bus que une ambas localidades y también figura como suspendido, a expensas de su reclamación) y 1,2 millones con Villamayor, que se reclaman en su mayor parte por la vía ejecutiva. María Navarro, del PP, considera que las deudas suspendidas (en total, 6,5 millones) «hay que cobrarlas igual y si es preciso se deberían judicializar», explicó.