El Gobierno de Zaragoza en Común, a la espera de recibir la aclaración de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que tumbó varias cláusulas del concurso del transporte público de 2013, teme que si se anula el contrato y hay que indemnizar a las partes la cuantía destinada a Auzsa podría oscilar entre 30 y 35 millones de euros. "No lo hemos analizado a ciencia cierta y dependerá del fallo judicial", explicó ayer en comisión el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, a preguntas de Ciudadanos y de CHA.

El edil de ZEC afirmó que barajan "todos los escenarios posibles, de los más a los menos" y consideró el más probable "que el contrato quede anulado". En este sentido, mostró su extrañeza por la tardanza en emitir el TSJA la aclaración, por lo que, añadió, "esperamos que realmente nos aclare algo". Y ante la posibilidad de que el contrato quedase anulado, reiteró que no descartarán ninguna opción, por lo que podrían "o tener que sacarlo de nuevo" o "poder plantearnos un proceso de remunicipalización" que derivaría de dicha anulación del contrato.

En medio de una comisión en la que la municipalización de las contratas fue de nuevo la polémica estrella, Cubero recordó que desde ZEC siempre se han planteado esta opción cuando se termina un contrato, aunque en este caso "no se produciría por caducidad sino por una sentencia", con lo que recordó el "problema" de tener que afrontar "seguramente" a continuación "una indemnización millonaria con la empresa", ya que dejaría de prestar el servicio por siete años que el Ayuntamiento le había encomendado "y que por un fallo suyo dejaría de tener". Cubero, incluso, admitió que también podría haber lugar a indemnizar a la cooperativa, que aspiraba junto a Tuzsa al mismo contrato, pero con una cuantía "bastante menor".

Las cláusulas anuladas hacen referencia a obligar a los aspirantes a constituirse en sociedad anónima; a tener una gran experiencia previa en la gestión de buses urbanos y otra de solvencia económica, que exigía presentar las cuentas anuales. Solo Tuzsa (ahora Auzsa) presentó finalmente una oferta.

Este mes se abrió un plazo de varios días para que el juez escuchara a la cooperativa de trabajadores y a los responsables de Urbanos de Zaragoza antes de enviar el aclaratorio de la sentencia. Con ello se espera arroje luz ante las opciones abiertas: si hay que baremar a las mismas empresas con los pliegos pero esta vez sin las cláusulas anuladas; si hay que licitar un nuevo pliego o si directamente el fallo implica que se cancela la adjudicación.

La solicitud de aclaración, en cualquier caso, no afecta a los plazos de un posible recurso ante el Supremo, de momento congelados. El Consistorio aún tendría dos semanas para decidir si acude o no al Alto Tribunal –como ya le ha pedido el PSOE, bajo cuyo mandato se produjo el concurso–.