El Gobierno de ZEC asumió ayer por primera vez que deberá tramitar la licencia de derribo de la parte no protegida de la factoría Averly, donde la empresa Brial tiene un plan para levantar alrededor de 160 pisos. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) desestimó ayer adoptar las medidas cautelares que había solicitado el Ayuntamiento para paralizar la demolición de la vieja fundición del paseo de María Agustín.

En un contundente auto, la sala de lo contencioso-administrativo dice que la pretensión municipal era "improcedente", recuerda que ya se pronunció sobre unas posibles medidas cautelares cuando lo solicitó la asociación Apudepa, afirma que el Ayuntamiento pretendía que el TSJA "le excuse o libere del ejercicio de sus propias competencias" y le avisa de que incurría "en un manifiesto fraude procesal" al asumir la defensa de los intereses de Apudepa. Hay que tener en cuenta que el Consistorio en realidad es codemandado en la causa sobre Averly que todavía sigue abierta en los tribunales, por lo que, según el TSJA, su postura "no puede ser otra que la de pretender la desestimación del recurso". Por todo ello, la sala desestima la adopción de medidas cautelares y condena al Ayuntamiento a pagar las costas.

Tras conocer el auto, el Gobierno de ZEC dio por cerrada la vía judicial como mecanismo para tratar de paralizar el derribo que solicitó Brial. De hecho, el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, asumió por primera vez que tendrá que tramitar la licencia, aunque sin fijar una fecha para ello. Muñoz pasó la responsabilidad a los grupos municipales, que deberán votar en la Gerencia de Urbanismo el permiso de derribo que tiene que llevar el Gobierno. "Solo queda la vía política, el derribo de Averly está en manos de una decisión política de los grupos municipales, y desde ZEC pedimos apoyo a todos ellos para salvar Averly", afirmó Muñoz, a pesar de que las licencias de derribo son un acto reglado –es decir, que debe tramitarse si se cumplen las condiciones–.

Según apuntaron desde Urbanismo, la tramitación de la licencia solo estaría pendiente ahora de un informe medioambiental sobre la descontaminación de los suelos, al haber albergado una actividad industrial con metales contaminantes –algo que hasta ahora no se había exigido para Averly–. Una vez se reciba ese informe, el permiso para derribar la parte no protegida de Averly –que supone las dos terceras partes de la factoría– se tramitaría en Urbanismo.

En cuanto al proceso judicial pendiente, el TSJA aún debe pronunciarse sobre el recurso que presentó Apudepa, que vio cómo era rechazada su pretensión de tumbar la catalogación de Averly que hizo el Gobierno de Aragón. Según diversas fuentes consultadas, la sentencia puede dictarse en un breve plazo de tiempo. Sin embargo, tras el pronunciamiento de ayer sobre las medidas cautelares, la tramitación del derribo es independiente del fallo judicial que está por salir.

Brial vuelve a pedir la licencia

La empresa Brial, que tiene un proyecto para construir 160 viviendas en la zona con edificios de hasta 19 alturas, valoró el auto judicial como una "ratificación" de sus argumentos. Ayer volvió a pedir que el Gobierno "conceda la licencia de derribo y abandone las maniobras dilatorias".

La empresa recordó que pidió el permiso para tirar las naves de la fundición en diciembre de 2013. Ante la demora en la que ha incurrido el Ayuntamiento, presentó a finales de abril un recurso contencioso-administrativo contra el Consistorio zaragozano por responsabilidad patrimonial, que ha sido admitido a trámite por el juzgado número 3.