Cuando parecía que lo peor había pasado, llegó el desastre. En la madrugada del 28 de febrero, hace justo un año, la cresta de la riada del Ebro entró en Aragón y el nivel del agua comenzó a subir hasta cotas que los vecinos de la ribera apenas recordaban. Fueron tres días de tensión y miedo a que la corriente entrara en los cascos urbanos, de desalojos a toda prisa, de desconsuelo por la devastación causada en miles de hectáreas e infraestructuras, y también de polémicas políticas y críticas a los responsables de las administraciones implicadas. Doce meses después, muchos de esos reproches siguen en boca de los afectados, que aún esperan las últimas indemnizaciones por los millonarios daños provocados.

Las reparaciones de las motas, carreteras y caminos que quedaron destrozados están casi concluidas –en los municipios aún quedan obras pendientes y también sigue la reconstrucción de la autopista autonómica ARA-1, que funcionará en precario hasta primavera–, pero en los pueblos de la ribera zaragozana exigen profundizar en las limpiezas del cauce para evitar que, como ya ocurrió en las semanas anteriores a la gran riada, cualquier crecida ordinaria provoque desperfectos equiparables a los que antes solo causaban las extraordinarias.

Esa sobre elevación del cauce, que había sido reconocida por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), hizo que hace un año la altura del río desbordara todas las previsiones y se inundaran zonas a las que el agua no llegó ni durante la histórica avenida de 1960.

"Han quitado algo, pero no es suficiente", resume José Ayesa, alcalde de Novillas, el primer pueblo aragonés que baña el río, y donde están arreglando la piscina, arrasada por el agua. Todavía esperan cobrar 80.000 euros de ayudas del Estado. También se ultiman los trabajos para ampliar la permeabilidad del puente, se han sacado gravas y se ha eliminado una de las islas que se han formado por la acumulación de sedimentos. Y aunque este invierno los caudales han sido bajos, un reciente repunte permitió constatar la efectividad de las medidas. "El agua subió 40 centímetros menos", destaca Ayesa, que celebra las actuaciones realizadas y confía en que también funcionen ante futuras riadas, pero que advierte: "Si no hay mantenimiento, volveremos a tener problemas".

Estas limpiezas de emergencia –"dentro de lo que permite la legislación"– solo han afectado a aquellos cascos urbanos con peligro manifiesto de inundación, pero la memoria ambiental para hacer dragados periódicos que la CHE envió la pasada primavera al Ministerio de Medio Ambiente todavía no ha tenido contestación. A punto de concluir la segunda fase de obras de emergencia, la Confederación ha invertido en el tramo aragonés del Ebro 16,9 millones. Por otra parte, recuerdan que recientemente se aprobó el plan de gestión del riesgo de inundaciones, que pretende facilitar herramientas a todas las administraciones implicadas.Construir junto a la orilla

Porque los problemas no solo están bajo el agua. El grave episodio de 2015 sacó a la luz otra realidad que durante años había pasado algo desapercibida. La crecida anegó cientos de viviendas construcciones levantadas a la orilla del río, en muchos casos, sin las preceptivas licencias urbanísticas. Algunos propietarios habían vivido ya experiencias similares, pero la magnitud de esta riada hizo que los inmuebles afectados fueran muchos más –unos 450– y que el agua arrasara la potabilizadora de Remolinos o cercara en Monzalbarba una residencia con 80 ancianos que fueron evacuados.

El alcalde de este barrio rural, Joaquín Tiestos, reunió hace unas semanas a los vecinos para plantearles elaborar un "plan de emergencia" basado en esa experiencia para mejorar la coordinación en caso de otra riada. Mientras, en la zona de Torre Urzaiz, en Movera, los propietarios han recuperado sus casas, en situación irregular, según el Ayuntamiento. "El seguro nos pagó y la semana pasada nos llegó la ayuda que pedimos a la DGA para cubrir el resto. No nos podemos quejar", reconoce el dueño de una de las fincas.

La reforma que preveía un drástico endurecimiento de la normativa estatal para construir en zona inundable –muy criticada por los pueblos de la ribera porque consideran que hipotecaría totalmente su futuro– aún no se ha aprobado.