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Un acusado de estafar 304.969 euros  asegura ser "una víctima más" de una enigmática trama

El imputado ofrecía pisos que no tenía y entregaba el dinero a un tercero al que dice que no quiere identificar por miedo.

Antonio L. M., ayer, en la Audiencia Provincial de Zaragoza poco antes de comenzar el juicio.
Antonio L. M., ayer, en la Audiencia Provincial de Zaragoza poco antes de comenzar el juicio.
Asier Alcorta

Antonio L. M., acusado de estafa y apropiación indebida de más de 300.000 euros, se presentó ayer ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Zaragoza como una "víctima más" de una trama urdida por una persona a la que solo él conoce pero de la que se niega a facilitar su nombre a la Policía o a los jueces porque ha recibido "amenazas" y "nadie" le ha "garantizado" su "seguridad" y la de su familia.

En el mismo tono enigmático, aseguró que se reunía con ese ‘desconocido’ en el garaje del edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de la capital aragonesa y le entregaba documentación de supuestos pisos subastados que luego él podía vender a terceros de manera legal. En esos papeles, Antonio L. M. se presentaba como ‘adjudicatario externo’ de la TGSS, una figura que no existe, y tenía membretes totalmente falsos, como ayer confirmó la directora del mencionado organismo en Zaragoza.

El encausado llegó a decir que fue él quien destapó esta estafa y añadió: "El único perjudicado de esta historia soy yo". No opinan lo mismo la decena de personas que lo denunciaron y que ayer explicaron que durante meses les estuvo dando largas después de que le entregaran importantes cantidades de dinero a cambio de unos pisos que nunca han visto ni verán.

Tampoco lo creen ni la Fiscalía ni los abogados de los perjudicados –entre ellos Óscar Frontiñán, Alfredo Sánchez-Rubio o Fernando Rodríguez Burgués–, que piden para él penas de entre ocho y nueve años de prisión y la devolución de 304.969 euros, más los intereses y las costas.

Parte de esa cantidad (unos 255.000) corresponde a adelantos por cinco pisos imaginarios, y el resto a inversiones en una peña quinielística que creó el acusado en 1999. Según declaró, la inversión en esa agrupación fue muy rentable y repartía beneficios (él ganó, dijo, 700.000 euros en premios, aunque a título particular). Pero todo se vino abajo tras la denuncia que presentaron contra él varios de los miembros de la peña, a los que había embarcado en la compra de pisos. En ese momento dejó de entregar rendimientos de las quinielas y diez de los socios le reclaman 47.650 euros.

"Aparenté algo que no era"

"El único error que cometí es aparentar algo que no era", dijo en referencia a hacerse pasar por ‘adjudicatario externo’. Añadió en su descargo que él tenía "plena confianza" en ese hombre al que se niega a identificar y que, de hecho, él y su madre también llegaron a invertir en un piso. Admitió que recogió el dinero que le dieron los compradores pero que él se lo dio todo esa tercera persona.

Contó que ese desconocido le entregaba papeles originales, pero él solo daba fotocopias a los compradores. Antonio L. M. recordó al tribunal que fue absuelto por un juzgado de falsificar los mencionados documentos.

En cuanto al funcionamiento de la peña, explicó que tenían un fondo de 240.000 euros y que cada año se renovaban los contratos. "Y había un artículo, el cinco concretamente, que me autorizaba a manejar ese dinero hasta que empezase la temporada", expuso al tribunal, ante la perplejidad de los abogados de las defensas, que le pusieron de manifiesto que sus clientes nunca le autorizaron a tocar ese dinero para nada distinto que no fueran las quinielas.

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