Un sentencia obliga a la DGA a abonar la ayuda que negó a la residencia de Pina

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) obliga a la DGA a abonar la ayuda de 125.000 euros que negó en 2009 al Ayuntamiento de Pina de Ebro para la construcción de la residencia de ancianos. Los magistrados desestiman el recurso de apelación que en su día presentó el departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia –al frente del cual estaba el consejero Ricardo Oliván­– ya que consideran que los argumentos que utilizó el Ejecutivo autonómico para no pagar la subvención íntegra no se ajustaban a la orden aprobada en su día para la concesión de dicha ayuda.

El 15 de junio de 2007, el departamento de Servicios Sociales y Familia concedió al Ayuntamiento de Pina de Ebro una subvención para financiar las obras de construcción y equipamiento de la residencia de ancianos por valor de un millón de euros. Estas ayudas se distribuían en tres anualidades:200.000 euros para 2007; 300.000 euros en 2008 y 500.000 euros para 2009.

Las subvenciones de los dos primeros años fueron abonadas, así como 375.000 euros del año 2009. La Administración se opuso al pago final de 125.000 euros pendientes porque, según decían, la obra no había sido terminada y faltaba el equipamiento.

El Ayuntamiento interpuso un recurso contencioso administrativo ante la falta de abono de esta ayuda y se dio la razón al Consistorio razonando que el hecho de que no se hubieran finalizado las obras "no es motivo para no proceder al abono". Se argumentaba que la orden de concesión "no fijaba plazo para la finalización y el fin de la misma era la participación en la financiación". No se especificaba que debiera ser para equipamiento y queda acreditado que esta fue íntegramente para la obra.

"Lo que se aprobó en la orden de concesión era la participación en la financiación de la obra y el equipamiento y ello sobre un presupuesto de 1.900.000 euros, participando en tres anualidades con un total de un millón de euros", detalla la sentencia. Por tanto considera "que no hay amparo en la orden de concesión para no abonar la totalidad del importe dispuesto y en menor medida como ha hecho la Administración en este caso, proceder a la denegación del último pago de 125.000 euros, cuantía que no se corresponde con una cuantía equivalente a incumplimiento alguno".

Por eso, los magistrados desestiman el recurso de apelación y confirman la sentencia apelada, y además imponen las costas al Gobierno de Aragón con un límite de 1.500 euros.Queda mucha obra pendiente

Aunque la obra exterior de la residencia está prácticamente concluida, en el interior todavía queda mucho por hacer. El presupuesto inicial era de 1,9 millones de euros y, de hecho, según un informe del arquitecto municipal faltaría más de un millón de euros más para concluir los trabajos.

La alcaldesa, Marisa Fanlo (CHA), se mostró ayer muy contenta con esta sentencia: "Satisface que nos den la razón porque siempre piensas que va a salir ganando la administración más grande y da temor meterse en un pleito de este tipo, pero teníamos razón y nos la han dado".

La regidora explicó que, no obstante, ahora mismo estas instalaciones "no son una prioridad" porque hay otros temas pendientes de mayor urgencia e incluso se está preparando un dosier sobre los posibles aprovechamientos para otros servicios. Fanlo también dijo que ya hay empresas y fundaciones interesadas en la residencia –con 52 plazas– que han venido a verla. "Nuestra prioridad es que el centro sea de gestión pública, aunque no nos cerramos a ponerla en marcha conveniando con entidades privadas en el caso de que el Gobierno de Aragón no estuviera interesado en colaborar para poderla gestionar desde la administración pública".