ZEC asume que las remunicipalizaciones acabarán elevando los costes salariales

Zaragoza en Común va a comenzar esta semana a difundir entre vecinos, consumidores, sindicatos y patronal su proyecto de remunicipalización de determinados servicios. Se trata de una de las banderas que ha enarbolado el nuevo gobierno municipal, aunque para su aprobación necesita aún reunir una mayoría en el pleno. Las dudas fundamentales giran en torno a las condiciones en las que entraría el personal de las empresas al integrarse en la estructura municipal y si esas plazas deberían convocarse en un proceso de selección, con lo que los empleados correrían el riesgo de perder el puesto a medio plazo.

El Gobierno ha puesto su objetivo, de momento, en servicios relativamente pequeños cuyos contratados han terminado o están a punto de hacerlo, como la gestión de los puntos limpios de la ciudad, la de la depuradora de La Almozara y la de la atención telefónica del 010. La conclusión a la que llegan los informes municipales es que la fórmula más adecuada sería que esos servicios fueran gestionados desde una sociedad municipal, en vez desde la propia estructura del Ayuntamiento. Como el plan de ajuste no permite crear nuevos entes, debería hacerse desde uno ya existente. En caso de la depuradora, puede tener cabida en Ecociudad Zaragoza, pero tanto para el 010 como para los puntos limpios habría que cambiar los estatutos de alguna sociedad.

Uno de los argumentos que defiende el Gobierno para iniciar estos procesos de remunicipalización es que se consiguen abaratar costes. En efecto, al eliminarse el beneficio industrial de la empresa y ahorrarse en impuestos, los gastos se reducen. Siempre y cuando, claro, se mantengan las condiciones laborales de los trabajadores, tanto en salarios como en número de horas trabajadas. En el servicio 010, los informes cifran el ahorro en un 17,5%; en la depuradora, en un 13%; y en el de los puntos limpios los costes serían similares.

Para lograr esta reducción del gasto, los trabajadores deberían conservar las condiciones que actualmente tienen ahora en las contratas, pero dentro de la estructura municipal. Esto crearía una doble escala salarial, es decir, que personas que trabajan para la misma ‘empresa’ –en este caso, una sociedad municipal– tengan condiciones diferentes.

En el caso del 010, por ejemplo, el convenio municipal supone un 70% más de sueldo y 210 horas menos al año; en el de los puntos limpios el sueldo apenas varía, pero harían 151 horas menos; y en el de la depuradora la jornada anual se reduciría 214 horas.

El concejal de Personal, Alberto Cubero, admite que aunque en un primer momento los trabajadores pasarían a depender del Ayuntamiento con sus actuales condiciones, "la tendencia debe ser equipararlas a las del resto del personal municipal". Los trabajadores no serían funcionarios, sino que los informes señalan que pasarían como "personal laboral indefinido no fijo". "En el siguiente convenio habría que equiparar sus condiciones a las del resto de trabajadores de la sociedad", señala Cubero. En caso de hacerlo, los estudios hablan de que el coste final de algunos servicios aumentarían: un 10,8% en el caso de la depuradora y entre un 17% y un 31,9% en el del 010.

¿Plazas a concurso?

Otro asunto espinoso es el "agravio comparativo" que, a juicio de los informes redactados hasta ahora, supondría que trabajen para sociedades municipales personas procedentes de una contrata, junto a otras que han accedido al puesto "mediante procesos de selección de mérito y capacidad". En los informes económicos del 010 y de los puntos limpios, se dice que esa integración "debería ser provisional" y sería necesario hacer un proceso de selección similar, por lo que "no todos los trabajadores actuales mantendrían su puesto de trabajo".

En un reciente informe jurídico, la conclusión es similar. "Las plazas deberían incluirse en la siguiente oferta de empleo público para su provisión por los procedimientos legalmente establecidos que garanticen la igualdad, mérito y capacidad".

Alberto Cubero ha encargado un nuevo informe "específico sobre las empresas públicas", aunque apunta que la solución que pueden plantear es "subrogar a la plantilla pero no crear esas plazas". "La ley no nos obliga", defiende. Eso sí, admite que en caso de que hubiera un cambio de Gobierno en los próximos años, "las plazas sí se podrían sacar a concurso".