El juez que ha admitido una querella por presunta prevaricación contra el exalcalde de Zaragoza Juan Alberto Belloch y su gobierno, por las indemnizaciones de 153 despidos por la empresa de los autobuses Auzsa, ha ofrecido al ayuntamiento que se persone en la causa e indique si sufrió perjuicio.

En un auto fechado el pasado 25 de enero, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 también emplaza al Ayuntamiento a que cuantifique el coste de los despidos, que supieron un total de 2,1 millones de euros (indemnizaciones y liquidaciones), y que se ponga la querella en conocimiento de los afectados, según el auto.

Junto al exalcalde, que se ha reintegrado a la carrera judicial, los otros querellados son los miembros de su último gobierno Fernando Gimeno, actual consejero de Hacienda del gobierno aragonés, Carmen Dueso, Jerónimo Blasco, Dolores Ranera y Roberto Fernández.

También están querellados el interventor general del consistorio J. Ignacio Notivoli y el jefe de la asesoría jurídica municipal, Luis García Mercadal, quienes firmaron el expediente antes de que lo hiciera el gobierno municipal, dos días antes de que tomara posesión el nuevo alcalde Pedro Santisteve.

La querella, por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, la presentó en octubre de 2015 el sindicato Somos, al entender que el Ayuntamiento no debió abonar las indemnizaciones y los gastos que supuso.

A su juicio, estos gastos "nunca deberían ser abonados por el Ayuntamiento sino por la propia empresa Auzsa", ya que el pliego de condiciones de prestación del servicio se consideran "gastos imputables ala propia empresa".

El juzgado de Instrucción número 1 admitió a trámite la querella el pasado 19 de diciembre.