El arquitecto del Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza), Francisco Núñez Castillo, ha dicho en el juicio sobre la trama de presunta corrupción urbanística de La Muela (Zaragoza) que no ha favorecido a la exalcaldesa María Victoria Pinilla y que no tenía intereses en las empresas que realizaron los proyectos.

Durante más de dos horas en el juicio, el arquitecto ha respondido a numerosas cuestiones sobre el desarrollo de los terrenos urbanísticos por las empresas promotoras y se han oído grabaciones del año 2008 de las conversaciones que mantuvo con la alcaldesa y el secretario de entonces del municipio, entre otros.

Ha sido la modificación parcial del plan general de urbanismo de la localidad, que fue rechazado en verano de ese año por la Comisión de Ordenación del Territorio de Aragón (Aragón), el asunto que ha concentrado buena parte de las preguntas del ministerio fiscal por el presunto interés de "altas instancias" del Gobierno aragonés.

"No me consta", "no lo sé", ha respondido el arquitecto al ser preguntado por la fiscal, María Victoria Esponera, sobre si tenía constancia de que hubieran intervenido en este asunto y llegado a cobrar por ello el expresidente aragonés, Marcelino Iglesias, el exvicepresidente, Jose Ángel Biel, el exconsejero Alfredo Boné o el exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco.

La exalcaldesa achacó la negativa a aprobar la modificación del plan general a la presidenta del COTA, Nuria Más, a la que califica, de "tocina" y "maleducada" y le acusa de ternerlos "enfilados" y de tener a "La Muela en la cabeza", según se ha oído en una de las grabaciones que realizó la policía de una conversación con el arquitecto.

Por otra parte, el arquitecto ha negado que tuviera vinculación con la empresa Castelonovo, una de las implicadas en esta presunta trama, ni que le hubiese hecho ningún proyecto habitacional en La Muela, que nunca había estado en su sede corporativa y que no certificó con un informe la conversión de un proyecto de vivienda de protección oficial en otro de vivienda libre.

Se ha reconocido, no obstante, los contactos "técnicos" que mantuvo con el exsubdirector de la Comisión de Ordenación del Territorio, Carlos Martín Rafecas, quien se mostró deforma reiterada, según se han constatado en las grabaciones policiales, interesado sobre un convenio urbanístico que pretendía firmar la empresa de unos amigos con el Consistorio de al muela.

La sesión del juicio se ha iniciado sin la presencia del abogado de Pinilla, Jose Antonio Visús, a quien ha sustituido un compañero, un asunto que ha provocado la protesta de María Victoria Pinilla, para quien la fiscalía pide 37 años de cárcel por nueve delitos, entre otros prevaricación, cohecho, falsedad, blanqueo.

El primer testimonio ha sido el de Vicente Rodrigo López, uno de los empresarios procesados en este caso, quien ha dicho que nunca ha tenido, ni ha pagado, dinero en B en las operaciones que llevó a cabo en este municipio.

"Nuestra empresa nunca ha pagado dinero en B, ni ha tenido dinero en B", ha enfatizado Rodrigo López, propietario de la sociedad Nuevos Hogares, junto a Julio Herrero Valdecantos, quien también ha declarado este miércoles en el juicio que se celebra ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, por razones de aforo en la Ciudad de la Justicia y en el que hay más de 40 acusados.

El ministerio público, que pide para ambos 9 y 8 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública y sendas multas de casi cuatro millones de euros, ha interrogado a ambos sobre el origen de un millón y medio de euros que Rodrigo López tenía en la caja fuerte de su domicilio.

Ambos han respondido que ese dinero era el sobrante de un préstamo de CAI por 2,5 millones de euros, con los que compraron tres parcelas de terreno en La Muela por valor de unos 944.000 euros y el resto lo guardaron en la caja fuerte para otras operaciones.

En este sentido, han mencionado un proyecto urbanístico en Rumanía que finalmente no se llevó a cabo porque no lograron los papeles de propiedad lega de los terrenos, ha explicado Rodrigo López, quien ha remarcado que el Caso la Muela le ha llevado a estar ingresado en un psiquiátrico y ha "acabado" con su vida profesional y personal.

Su socio en la empresa, Julio Herrero Valdecantos, ha ratificado esta versión a la fiscalía y ha resaltado que el crédito de la CAI fue devuelto en plazo.

Las declaraciones continúan esta tarde con los testimonios de Caros Martin Rafecas y los empresarios Fernando Laviña y Modesto Barranco, propietarios de Castelonovo.