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ZEC enfría 4 proyectos que supondrían una inversión de 218 millones para la ciudad

Torre Village, el supermercado de Torrero, los pisos de Averly y el hospital de Quirón, en el alero. El Gobierno, reticente con estos planes, asegura que "no se ha dado orden de paralizar nada".

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) mantiene en suspenso posibles inversiones en la ciudad por un valor estimado de 218 millones de euros. Aunque están en diferentes estados de tramitación, y cada uno tiene su casuística particular, hay al menos cuatro grandes proyectos que se han encontrado con diversos grados de reticencias por parte del Ayuntamiento: Torre Village –el ‘outlet’ previsto para Pikolin–, las viviendas de Averly, el supermercado en el antiguo colegio Lestonnac de Torrero y, más recientemente, la posible instalación de un hospital del grupo Quirón Salud junto al estadio de La Romareda.

El Gobierno municipal defiende que todos los expedientes administrativos en cuestión se están tramitando. "No he dado orden de paralizar nada", asegura el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz. Sin embargo, Zaragoza en Común se ha mostrado abiertamente en contra de estos proyectos por distintos motivos. En algunos casos, incluso, los responsables municipales no han ocultado su intención de bloquearlos o de paralizarlos. Los promotores siguen esperando los permisos para ejecutar las inversiones y defienden la creación de puestos de trabajo que sus proyectos supondrían.

El último ejemplo ha sido el interés mostrado por el grupo Quirón Salud por levantar un hospital privado en la parcela anexa a La Romareda. Según fuentes cercanas a la operación, supondría una inversión total de 100 millones de euros, de los que aproximadamente la tercera parte serían para comprar la parcela municipal de usos terciarios ubicada entre el campo de fútbol y la plaza de Eduardo Ibarra. El proyecto propone destinarlos de modo finalista para la esperada reforma de La Romareda.

De momento solo ha habido unos primeros contactos entre el grupo Quirón Salud y Urbanismo para pedir información sobre la parcela, por lo que la tramitación administrativa no se ha bloqueado porque ni siquiera ha comenzado aún. Sin embargo, el Gobierno municipal ha recibido la propuesta con frialdad. "Nadie nos va a decir qué tenemos que hacer con el patrimonio municipal", ha dicho esta semana el alcalde Santisteve, quien añadió que "no urge" decidir si la parcela sale a concurso o no. El suelo en cuestión admite 42.500 metros cuadrados de usos comerciales, hoteleros o de servicios, y hasta ahora se daba por imposible encontrar un comprador.

A diferencia del proyecto hospitalario, el de Torre Village se encuentra en una fase mucho más avanzada. En abril, con el PSOE aún al frente del Gobierno, se aprobó de forma inicial la tramitación de un nuevo plan especial para los actuales suelos de la fábrica Pikolin, en los que se ha proyectado un ‘village’, un formato de calles peatonales de estética cuidada llenas de tiendas de grandes firmas con descuentos de entre el 30% y el 70%.

El proyecto cuenta con el apoyo de todos los grupos de la oposición, que tendrían mayoría en caso de que se votara. Sin embargo, el proyecto sigue pendiente de que se pronuncie Urbanismo y de diversos informes de otros servicios, como los de Movilidad. "Hay dudas jurídicas de que se pueda hacer ahí un proyecto como este", sostiene el responsable de Urbanismo, que ha recelado desde el principio del proyecto por su posible impacto en el comercio minorista. Fernando Rivarés, portavoz del Gobierno, incluso se decantó públicamente en favor de otro plan para levantar un complejo ‘outlet’ en las instalaciones de Plaza Imperial.

Pikolin ya cuenta con un proyecto definido, y las personas encargadas de su desarrollo siguen en contacto con posibles firmas que podrían instalarse. Calculan una inversión total de 60 millones de euros con la que crearían unos 1.800 puestos de trabajo –1.000 directos y 800 indirectos–. Torre Village ocuparía 63.000 metros cuadrados de las actuales naves de Pikolin, que se van a trasladar a Plaza. Tendría 22.500 metros cuadrados de superficie comercial, 5.500 de zona de restauración y 2.500 plazas de aparcamiento.

La larga historia de Averly

Otro de los asuntos que han centrado buena parte del debate urbanístico en los últimos meses ha sido el de Averly, aunque este ya coleaba desde la pasada corporación, con el PSOE al mando. Allí, la constructora Brial compró en 2013 las instalaciones de la vieja factoría del paseo de María Agustín por unos 9 millones y unos derechos para construir 200 pisos recogidos en el plan general desde hacía lustros.

El Gobierno de Aragón protegió por su interés patrimonial el 32% del complejo industrial, pero la asociación en defensa del patrimonio Apudepa lo recurrió, logrando que se suspendiera la licencia de derribo de forma cautelar. Sin embargo, esa orden de paralización de los trabajos de demolición ya no tiene efecto, después de que el Tribunal Supremo fallara al respecto el pasado mes de octubre. Aún así, Urbanismo no ha dado todavía el permiso de derribo. Apudepa solicita la protección total de Averly y que se paralice la construcción de viviendas, y esa misma es la declaración de intenciones que ha hecho el equipo de Gobierno.

Brial, por su parte, defiende el derecho a levantar unos 200 pisos –aunque sus últimos planes los dejarían en 160–, y calcula que la inversión sería de unos 50 millones, incluyendo 1,1 al Ayuntamiento por impuestos derivados de la construcción –sin incluir los recibos del IBI posteriores–. Calculan, además, la creación de 230 puestos de trabajo. En caso de acabar con el proyecto, el Ayuntamiento debería indemnizar a Brial con una cantidad que, según la constructora, "nunca sería inferior a los 20 millones". El Consistorio ya ha ofrecido suelos municipales como compensación, pero la oferta –eran parcelas de Arcosur– ha sido rechazada.

El colegio Lestonnac

El último proyecto que ha entrado en la mesa de Urbanismo, y que el equipo de Gobierno también mira con recelo, ha sido el de un supermercado en el antiguo colegio Lestonnac, en Torrero. Sus dueños han pedido un cambio de usos, de educativo a comercial, para instalar un supermercado con una inversión que rondaría los 8 millones de euros, incluido lo que pagaron por la parcela y los 700.000 que pondrían para crear una nueva entrada al barrio desde el Tercer Cinturón. El plan cuenta con un informe favorable desde hace año y medio –además de con la opinión favorable de la mayoría del pleno–. Ante la inacción del Gobierno, los propietarios presentaron la semana pasada la solicitud formal. Además, el proyecto se debatirá en la junta de distrito.

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