Un mes y medio después de ser detenido por un presunto delito de corrupción de menores y puesto en libertad tras declarar ante el juez, el entrenador de fútbol Miguel Ángel L. F. fue enviado el pasado martes a prisión al presentarse contra él nuevas denuncias por supuestos abusos sexuales.

El sospechoso, de 20 años, fue arrestado el 12 de noviembre tras la denuncia presentada por el padre de uno de los niños del conjunto de División de Honor Infantil del Montecarlo que descubrió que le había pedido a su hijo de 11 años fotografías de contenido sexual. De hecho, el progenitor, después de leer un mensaje de Whatsaap recibido por el menor, en el que le pedía fotos desnudo, se hizo pasar por su vástago y pidió a su interlocutor que le mandara a él antes alguna imagen, a lo que el detenido respondió con una fotografía de sus genitales. En esa fecha el menor ya no pertenecía al equipo, pero su entrenador seguía manteniendo relación telefónica con él.

Tras hacer las comprobaciones oportunas, la Policía lo arrestó en las mismas instalaciones del club, donde el técnico ejercía funciones de segundo entrenador. Además, registró su domicilio y se incautó de su ordenador personal y su teléfono móvil. Tras ser puesto a disposición judicial, el magistrado decidió dejar libre al joven imputado por un presunto delito de corrupción de menores.

El caso no quedó ahí, ya que los investigadores continuaron con sus gestiones para averiguar si podían existir más víctimas. Sus pesquisas han dado frutos y, tras recopilar nuevas pruebas de cargo contra él y recoger denuncias de otros menores a los que entrenaba, decidieron detenerle de nuevo por exhibicionismo y supuestos abusos sexuales.

El imputado ejercía de segundo entrenador del conjunto de División de Honor Infantil del Montecarlo, club del barrio de La Paz que le apartó de sus funciones y lo expulsó tras conocer su arresto. Además, la directiva llamó a todos los coordinadores, entrenadores para explicarles lo ocurrido e informó a los padres de los jugadores que podrían estar afectados por la conducta del denunciado.

Esta decisión pudo servir para que otros progenitores hablaran con sus hijos para ver si habían sido víctimas de los presuntos chantajes sexuales de Miguel Ángel L. F.