El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ha reconocido este jueves que existen muchas dudas y perspectivas "poco halagüeñas" acerca de la posibilidad de que se instale en la nave de Plaza el servicio de distribución centralizado del Salud, por lo que se están buscando alternativas.

Celaya ha contestado este jueves en el pleno de las Cortes a dos interpelaciones sobre el almacén logístico del Salud en Plaza, proyecto que impulsó al anterior ejecutivo PP-PAR y que se ha convertido en una de las "principales preocupaciones" de este gobierno PSOE-CHA.

El consejero ha recordado que fue el gobierno PP-PAR el que firmó un contrato de arrendamiento con la sociedad logística Plaza para alquilar una nave de 5.000 metros cuadrados para acoger un gran almacén de distribución de material sanitario, en la que se hicieron una serie de obras entre enero y mayo de 2015.

Entonces se solicitó una licencia de apertura que el Ayuntamiento de Zaragoza no concedió al detectar importantes carencias en el sistema antiincendios en la nave.

Entretanto, ya se había firmado el contrato para el transporte de los materiales desde la nave a los centros sanitarios, por 18 meses y un coste de 401.000 euros, y un contrato para el alquiler con opción a compra del equipamiento necesario para esta tarea (estanterías, carruseles o sistemas informáticos).

Pero Celaya ha insistido en que el anterior gobierno tuvo un "exceso de precipitación" al escoger esta nave, y el ejecutivo está buscando soluciones alternativas a la "sectorización" con muros y divisiones que ha propuesto el ayuntamiento para conceder la licencia de apertura, puesto que la compartimentación de la nave va contra la propia naturaleza del servicio de almacenaje y distribución.

Así, se ha hablado con el departamento de Industria para que emita un informe acerca de si los rociadores de gota gorda ya instalados son suficientes para conceder la licencia y, en todo caso, se están buscando alternativas.

Si utilizar esta nave no fuera posible, se buscaría un operador logístico que se subrogara al contrato de arrendamiento de material y asumiera el coste del desmontaje y montaje del mismo en su propia nave y, si nadie optara a este concurso, se buscaría una nave alternativa que cumpliera los requisitos y se subcontrataría el servicio.

Los que no se pueden rescindir son los contratos de transporte, porque el gobierno se arriesga a recibir una demanda por lucro cesante, ni el de arrendamiento de la nave, puesto que una de las cláusulas del contrato establece que este no se puede anular en el caso de que la actividad no consiga licencia de apertura.

Entretanto, no obstante, ha asegurado que no se ha pagado nada por este alquiler.

Y Celaya ha apuntado, ante las críticas del PP, que rechaza la externalización o privatización del servicio de almacenaje, que la actividad logística "no es propia del Salud" y el personal no está "en absoluto preparado ni formado" para esta tarea especializada.