El Ayuntamiento prevé ofertar 500 empleos hasta 2017

El área de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza está decidida a "desatascar" la creación de empleo público, cuya oferta actual se encuentra en gran medida recurrida o en riesgo por razones de caducidad o problemas con la tasa de reposición de algunas plazas. Para ello el Consistorio prevé, ya sea aprovechando parte de la oferta vigente o bien con nuevos procesos, sacar adelante al menos 500 puestos hasta 2017: entre ellos los 322 cubiertos actualmente por interinos y otros a convocar en los próximos ejercicios.

En noviembre, el concejal Alberto Cubero decidió aplazar una doble convocatoria de oposición y concurso oposición, de 25 y 69 plazas respectivamente (era con oferta desde 2006 a 2015), y justificó en buena parte esta medida hasta conocer en los próximos meses la resolución judicial definitiva sobre una convocatoria de plazas de 2009, recurrida por la Delegación del Gobierno, ahora suspendida.

Si los jueces fallan en contra del Ayuntamiento y, de este modo, avalan el hecho de su caducidad, se baraja descartar toda la oferta de empleo de 2006 y 2009, que suma 467 plazas, hacer lo mismo con casi todos los puestos ofertados en 2015 (amenazados por el cálculo de tasas de reposición) y realizar progresivamente convocatorias nuevas que sumarían unas 500 plazas entre algunas de este año y 2017:322 serían de puestos ya ocupados por interinos y el resto habría que crearlas ex novo. De estas últimas, 46 corresponderían a 2015 (aunque salieran el próximo año); 87 se sacarían con fecha de 2016 y habría que sumar varias más en 2017, resultado de las jubilaciones que se produzcan y que servirían para redondear la cifra en medio millar.

La decisión de aplazar las dos convocatorias de noviembre, no obstante, causó malestar notable entre los más de 6.500 inscritos en ambos procesos y entre algunos sindicatos en el Consistorio.El criterio de la caducidad

Para determinar la posible caducidad de los puestos ofertados se sigue el principio del Estatuto del Empleado Público, que señala que la ejecución de la oferta de empleo "deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años". Si se considera este plazo desde la aprobación de la oferta hasta la resolución final de todo el proceso, el conjunto de las plazas de 2006 y 2009 estarían caducadas de facto; sin embargo, si este criterio se aplicara solo desde la mencionada aprobación de la oferta hasta el mero hecho de convocar los procesos, se podrían salvar aquellas cuya convocatoria fue realizada sin que hubiera transcurridos esos tres años (hasta 2009 y 2012, respectivamente). En cualquier caso, solo 16 de las 476 plazas sacadas en 2006 y 2009 se salvarían con el segundo de ambos criterios, lo que convierte todo este conjunto de oferta pública en algo muy difícil de cumplir en las actuales circunstancias si no se reformula, apuntan fuentes del área.

Algo similar ocurre con las convocatorias de 2015 recurridas por no respetar la tasa de reposición (el porcentaje de relevo para las plazas de cada servicio). La crisis y la estabilidad presupuestaria obligaron al Gobierno central a reducirla al 10% (es decir, se suplía una de cada diez bajas) y ahora se sitúa en el 50% y en el 100% (cada plaza) en servicios esenciales.

Desde Personal estiman que será en enero cuando se conocerá la resolución sobre la caducidad de plazas y, con ello, después se decidirá si mantener la oferta actual o empezar de cero, siempre, teniendo en cuenta a los sindicatos. Hasta la fecha, algunos como el CSIF se han mostrado más comprensivos mientras que otros como CC. OO. o CGT han pedido seguir adelante con las plazas vigentes. Desde el área insisten en que el objetivo es "crear empleo público y una mayor estabilidad del mismo", en alusión a los interinos, y critican las plazas perdidas en esta administración desde 2008.