Los empleados municipales hacen cerca de 40.000 horas extra cada año
Los policías son los trabajadores que más acumulan, unas 24.000 por curso.
El personal del Ayuntamiento de la capital aragonesa acumuló cerca 38.800 horas extraordinarias al cabo del pasado año, según los datos facilitados por el sindicato de funcionarios Csif.
La gran mayoría del trabajo que se realiza más allá de las horas establecidas en el convenio lo realizan los agentes de la Policía Local, que cada curso suman en torno a 24.000 horas extra, de las que aún tienen pendientes de cobro casi 10.000 correspondientes al año pasado.
Cada categoría profesional tiene asignado un valor diferente para la carga extra de trabajo. Así, el nivel más bajo de la Administración percibiría 15 euros, por los 30 que llegan a la nómina de categoría más alta por cada 60 minutos extra de trabajo.
Eso, claro, si llegan a cobrarlas. "Hasta hace un tiempo, la práctica habitual y asumida por los empleados era que las primeras 50 horas se compensaban por otras tantas de fiesta, y a partir de ese momento se empezaban a cobrar", explica Jesús Gómez, portavoz de Csif en el Consistorio.
Sin embargo, como consecuencia de las estrecheces que atraviesan las arcas municipales, la compensación de horas ha ido ganando peso, poco a poco y durante los últimos años, frente a la monetización de ese trabajo.
"Esta práctica -apunta Gómez- supone que son los compañeros los que 'pagan' por ese trabajo que hay que seguir sacando adelante aunque el trabajador esté librando. Lo ideal sería que se reflejaran en la nómina".Deuda de 186.178 euros
El Ayuntamiento tiene en torno a 6.000 empleados, a los que en estos momentos se les adeuda el pago de numerosas horas extra. El área de Personal y Servicios Públicos reconoce deber en estos momentos el pago de 186.178 euros correspondientes a las horas trabajadas a lo largo del año 2014.
La mayor parte de las 10.000 horas pendientes de abonar a la Policía corresponden a las fiestas del Pilar del año pasado. Los planes del Ayuntamiento consisten en reducir a "un máximo de tres" meses los retrasos, que hasta la legislatura pasada alcanzaban el año de demora.
