Los denunciantes consideraban que habiéndose aprobado por el pleno del Ayuntamiento de La Muela del 28 de julio de 2008 la recepción de las obras, no hacerlo cuando fue alcaldesa constituía un delito de prevaricación. El pasado febrero, la exalcaldesa muelana y principal imputada en la Operación Molinos, María Victoria Pinilla, fue condenada a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación por haberse negado a recepcionar la urbanización de la Zona Norte. La sentencia también condenaba al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario a pagar a la junta de compensación una indemnización de más de 4,7 millones de euros. El fallo fue recurrido y finalmente la Audiencia Provincial absolvió a Pinilla y eximió al Consistorio de este pago.

En el caso de Aured, tanto el fiscal como el juez consideran que la razón por la que no se recepcionaron las obras "no es únicamente por la inactividad de la denunciada, sino también consecuencia del conjunto de la corporación municipal". Además, estima que los denunciantes deberían haber hecho uso de la Ley de Procedimiento Administrativo y exigirlo por esa vía. Sin embargo, no se ha respetado el principio de intervención mínima del Derecho Penal.

"De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito" y por eso decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Sobre esta demanda todavía no ha habido resolución. La popular aseguró en su día que tanto una querella como la otra solo eran "una venganza" contra ella por haber denunciado la Operación Molinos. "Las pusieron para apartarme de la Alcaldía", dijo Marisol Aured.