El gobierno de Zaragoza ha aprobado este viernes pagar a los funcionarios municipales, alrededor de 5.000, el 26,2 % de la paga extra de Navidad anulada por el ejecutivo central en 2012 y lo hará previsiblemente en la nómina de octubre, con un montante total de 3,5 millones de euros.

El consejero de Hacienda y Cultura, Fernando Rivarés, ha informado este viernes de esta decisión junto con el consejero de Servicios Públicos y Contratas, Alberto Cubero, quien ha explicado que se ha adoptado una vez publicada este sábado la derogación del decreto que prohibía abonar esa extra.

Previsiblemente los funcionarios la recibirán en la nómina de octubre si se llega a tiempo para hacer las modificaciones de crédito necesarias.

Ha indicado que los 3,5 millones de euros saldrán del capítulo de personal (casi 2 millones) y de intereses de la deuda que no hay que pagar, dado que se hacen previsiones al alza, así como de otras partidas del área económica que se están estudiando, al tiempo que ha avanzado que el objetivo de Zaragoza en Común es que en el presupuesto del año que viene se pueda pagar el otro 50 % de la extra, lo que dependerá de sumar mayoría.

La retirada de esa paga, ha dicho Cubero, era uno de los recortes "más injustos" que han sufrido los trabajadores públicos por la crisis y ha criticado la forma en la que el gobierno del PP ha gestionado estos últimos meses su devolución, más como una "promesa" de cara a las elecciones generales que como algo "real y fehaciente".

Ha destacado que el de Zaragoza será uno de los primeros ayuntamientos que harán este pago y ha apelado al resto de administraciones de Aragón y del país a que hagan este mismo esfuerzo.

Por otra parte, se ha aplazado el debate en torno a las ordenanzas fiscales en pos de un acuerdo "mayor y mejor" con el resto de grupos municipales, dado que sigue abierta la negociación para la modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Según Rivarés, la negociación al respecto con el PSOE "va muy bien", los disensos de los concejales actualmente son "pocos" en las materias esenciales y la totalidad comparte la rebaja del tipo impositivo del IBI, que podría ir entre el 20 y el 22 por ciento para que la "barbaridad" que supone la aplicación de la revisión catastral sea la menor posible.

Los pequeños desacuerdos que quedan se centran en la diferenciación del tipo de usos y respecto a las bonificaciones o no que se puedan hacer a las grandes firmas que puedan acreditar creación de empleo el próximo año.

El objetivo, ha destacado, es que el gobierno las apruebe después de esta negociación para asumir propuestas de los grupos y abrir entonces el plazo jurídico necesario para su visto bueno definitivo por el pleno, y ha garantizado que para el 30 de diciembre habrá ordenanzas.

Además, el equipo de gobierno municipal ha aprobado ampliar con una inversión de 500.000 euros sin coste para el ayuntamiento el servicio de recogida selectiva de aceite doméstico a toda la ciudad, con 150 nuevos contenedores que se sumarán a los 43 actuales, lo que supondrá crear entre 10 y 12 puestos de trabajo para personas con discapacidad.

Este servicio se puso en marcha de forma piloto por la contrata de limpieza y de recogida de residuos FCC y lo gestiona Naturalmente Social Recikla, una entidad sin ánimo de lucro creada por la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Fuentes.

Asimismo, el gobierno ha nombrado nueva directora general de Personal a Carmen Sancho Bustamante, funcionaria con una larga trayectoria que hasta ahora era responsable del servicio administrativo de Servicios Públicos.