La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha visitado el Centro de Observación, Acogida e Internamiento (COA), dependiente de la Comunidad autónoma, pero cuya gestión está externalizada, donde ha manifestado la imposibilidad de revocar el contrato adjudicado a la empresa Intrees, si bien se ha comprometido a estar vigilante en su cumplimiento.

Broto ha estado en el COA para conocer el día a día del centro y hablar con los trabajadores, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Allí, ha explicado a los educadores el proceso por el que la nueva empresa se hará cargo de este centro a partir del 1 de septiembre y ha insistido en la imposibilidad de revocar el contrato de adjudicación de la gestión de estas instalaciones.

No obstante, ha garantizado a los trabajadores "la plena atención" a los menores allí acogidos y ha señalado que "se vigilará el estricto cumplimiento" de los términos del contrato por parte de la empresa adjudicataria.

La función del COA es la acogida, observación y apoyo a aquellos menores de 6 a 18 años en grave riesgo de desamparo y cuya situación personal, social o familiar requieren una intervención urgente e inmediata. La media de menores que permanecen en estas instalaciones es de una veintena y se calcula que pueden pasar por las mismas unos 300 al año.

Este jueves, el grupo de Podemos en las Cortes de Aragón y los trabajadores del COA pidieron al Gobierno autonómico que estudiara la revocación del expediente de contratación del COA ante las "dudas sobre las condiciones de igualdad, transparencia y concurrencia competitiva" en el mismo y por haber sido adjudicado "por un importe menor" y en algunas cláusulas "con disminución de las condiciones de atención del servicio".