El Consistorio pedirá al PP y al Gobierno que paralice la Lomce

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción del PSOE, con el apoyo de CHA y de Zaragoza en Común, por la que se ha acordado instar al PP y al Gobierno central a paralizar el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Para defender la iniciativa, la concejala socialista Marta Aparicio se ha basado en que la ley permite concertar colegios "segregacionistas", convierte al Consejo Escolar en un órgano consultivo, establece un "viejo" estatus a la asignatura de Religión y abandona los principios compensadores.

Aparicio ha justificado además la decisión del Gobierno de Aragón de paralizar la aplicación del currículo por la falta de tiempo para elaborarlo.

Respecto a las críticas del PP en las que les ha reprochado falta de lealtad con el ministro de Educación, la edil socialista ha advertido de que "la lealtad empieza por el consenso. No se puede aprobar una ley utilizando única y exclusivamente una mayoría absoluta en el Parlamento".

"Lo que no pueden permitir los gobiernos autonómicos y el central es que los estudiantes vayan a estudiar tres sistemas diferentes en dos cursos", ha zanjado Aparicio.

La concejala del PP María Navarro ha señalado que es una iniciativa para "sacar rédito electoral" y que "hay dudas" de las órdenes del Gobierno de Aragón, por la "ausencia" de contenidos, en los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje, además de que, a su juicio, es un debate que debería producirse en los órganos competentes, las Cortes autonómicas y generales.

La concejala popular ha leído una respuesta del ministro en la que se compromete a buscar el consenso para lograr un sistema educativo estable y de calidad y por eso ha aconsejado al PSOE esperar a reunirse con el ministro o a ganar las elecciones.

Elena Giner, de Zaragoza en Común, ha apoyado la moción por considerar que la Lomce es una ley orientada a mercantilizar el sistema educativo, "sexista", recentralizadora y que desconfía en el profesorado, "de ahí las continuas evaluaciones externas", y que refuerza la segregación del alumnado a partir de los 14 años, lo que supondría la expulsión del sistema al alumnado más desfavorecido.

Desde Ciudadanos, Cristina García ha considerado que la educación, como derecho fundamental, debe estar por encima de cualquier ideología y que el problema es "cómo se aplica la ley".

"No nos gusta, no es adecuada, es partidista y nació sin consenso, pero estamos en contra de paralizar leyes orgánicas", ha reconocido García, con el argumento de que "es una ley que nació sin consenso que se quiere paralizar también sin consenso".

Un pacto nacional de educación

La postura de Ciudadanos es alcanzar un pacto nacional de educación en el que se compense el esfuerzo, se ajuste a todos los niveles y que sea adecuada a la realidad económica y social.

Para el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, esta norma ha supuesto un "retroceso" educativo, convierte la educación "en un privilegio en lugar de un derecho", "rompe" el equilibrio de igualdad, apuesta por la segregación de los sexos, "vacía de competencias" a los órganos colegiados y prima la religión católica en lugar de la enseñanza en valores.

En este sentido, ha respaldado la urgencia de instar al Ministerio de Educación a que valore la actual situación y convoque al Consejo Sectorial y que "se intente, al menos, ampliar el plazo de aplicación de dicha ley".

El pleno ha aprobado asimismo por unanimidad una modificación de créditos por dos millones de euros para destinarlos a ayudas de urgente necesidad.