Zaragoza
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​La Mesa de Zaragoza contra los desahucios ha valorado los acuerdos de los dos últimos años

Representantes del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Justicia han acordado volver a reunirse en julio.

La Mesa de coordinación judicial entre los representantes de las distintas instancias jurídicas que intervienen y de las administraciones autonómica y municipal en materia de desahucios se ha reunido este lunes por primera vez en Zaragoza.

Ha sido un encuentro técnico en el que se han estudiado las mejores vías para la atención temprana de casos de desahucios.

Al encuentro han acudido el juez decano, Ángel Dolado, Ángel Dolado, la secretaria de Gobierno, María Pia Lardiés, y

el magistrado de Primera Instancia Francisco Polo. Por parte del

Ayuntamiento han asistido a la reunión la concejala de Derechos Sociales,

Luisa Broto y el concejal de Vivienda y Deportes, Pablo Hijar así como

representantes de Zaragoza Vivienda, la Dirección General de la Vivienda de

la DGA, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, abogados representados

por el Decano del Colegio Antonio Morán y un representante de los

procuradores.

En esta primera sesión se han valorado los dos años de ejecución del

convenio firmado entre El CGPJ, el Gobierno de Aragón y la Federación

Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias en materia de

“lanzamientos y medidas de carácter social” y se ha puesto de relieve el

papel que cada uno de los operadores ha tenido durante los dos años de

aplicación del convenio. Y se ha acordado una nueva reunión en julio.

“Las distintas perspectivas aportadas por los asistentes en esta reunión nos ha permitido conocer con más profundidad la realidad y los problemas existentes en cuestiones de vivienda -explicaba Ángel Dolado- y aportar nuevas ideas encaminadas a mejorar las soluciones”.

Los juzgados de Zaragoza pueden colaborar poniendo en conocimiento de

los servicios sociales las situaciones personales de especial vulnerabilidad

que detecten en el curso de los procedimientos judiciales y facilitando a las

personas afectadas toda la información necesaria para que puedan acudir a

los servicios sociales y encontrar así una solución a su problema. “En todo

caso, los órganos judiciales siempre están sujetos al cumplimiento de unas

normas y plazos procesales y tenemos el deber de garantizar los derechos

de todas las partes implicadas", ha señalado Dolado

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