Además, y durante 16 años, se le prohibe aproximarse a ella a menos de 200 metros tanto de su domicilio como de cualquier otro lugar en el que se encuentre, y comunicarse con ella por cualquier otro medio. Junto a esas medidas, el condenado deberá abonar a su hija una indemnización de 50.000 euros.

La Sala argumenta que pese a su negativa de reconocer los hechos, el resultado de la prueba de ADN practicada pone de manifiesto su paternidad, algo que hace innegable que hubo acceso carnal.