El líder del PSOE aragonés, Javier Lambán, ha asegurado este martes que si dirige el próximo Ejecutivo presentará en el primer consejo de gobierno una ley de renta social básica y otra con medidas contra la exclusión social que supondrían implementar en más de cien millones los presupuestos destinados a políticas sociales.

En declaraciones a los medios antes de reunirse junto con la secretaria federal de Bienestar Social del PSOE, Luisa Carcedo, con la presidenta de CERMI-Aragón, Marta Valencia, Lambán ha afirmado que el PSOE va a presentar, de cara a las próximas elecciones, un programa de políticas sociales "muy ambicioso", no solo conceptualmente, sino desde el punto de vista presupuestario.

Así, se ha comprometido, si es presidente, a presentar en el primer consejo de Gobierno dos leyes, una para la implantación de una renta social básica y otra con seis medidas contra la exclusión social que supondrían implementar los presupuestos en unos 50 millones, la primera, y entre 60 y 70 millones, la segunda.

Se trata, ha dicho, de medidas consensuadas en general con los representantes de los colectivos afectados y que han de situar en unos niveles de atención a los sectores sociales más desfavorecidos equiparables a Asturias, que es en estos momentos una comunidad "puntera".

Ha indicado que estas dos medidas suman más de cien millones de euros, pero habrá otras sobre las que ha adelantado que supondrán la parte principal de modificación del gasto en relación con los presupuestos del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, que serán los últimos "antisociales que soporta esta comunidad".

Será, ha dicho, sin "inventar sobre el vacío", cambiando las prioridades y tomando como ejemplo el caso de Asturias, que con una financiación "idéntica" a la de Aragón ha sido capaz, sin recortar en políticas sociales, de cumplir el déficit y controlar razonablemente la deuda.

Para Lambán, es "indiscutible" que para abordar la sostenibilidad del estado de bienestar es necesario acometer una reforma fiscal "en profundidad" y que el Gobierno central revise "de arriba a abajo" el trato financiero a las comunidades.

Ha insistido en que el PSOE se propone, de cara a la próxima legislatura, cambiar las prioridades y aplicar otras políticas sociales, y en ese aspecto ha citado el desarrollo del catálogo de medidas incluidas en la ley de Servicios Sociales, que según ha dicho el Gobierno de Rudi ha dejado prácticamente sin desarrollar.

También que el tercer sector no se vea penalizado en los concursos para la gestión de centros para personas discapacitadas y a la que acceden ahora de forma "impúdica" empresas de la construcción.

Lambán ha defendido que se respete la cuota para personas discapacitadas en las ofertas de empleo público o que se penalicen los incumplimientos que tienen que ver con la accesibilidad

"En un país asolado, marcado de arriba a abajo por las desigualdades, el PSOE tiene el propósito de que en la próxima legislatura las políticas sociales estén situadas en el centro de la agenda política", ha dicho Lambán, quien ha destacado la preocupación que como oposición los socialistas han mostrado toda la legislatura con todo lo relacionado con la discapacidad.

Ha recordado, en ese sentido, que han mantenido más de una reunión con Cermi, la principal agrupación de entidades dedicadas a la discapacidad, y este martes lo hacen de nuevo junto a la responsable federal de Políticas Sociales del PSOE, para exponerles las propuestas con las que concurrirán a las elecciones autonómicas del 24 de mayo.

Por su parte, Luisa Carcedo ha afirmado que los recortes han provocado que los servicios sociales hayan tenido que proteger a un millón y medio más de usuarios, acuciados por el paro y los recortes de la protección por desempleo, y ha indicado que el descenso en los presupuestos del Estado en la dependencia ha llegado al 35 %, lo que supone 1.400 millones de euros menos destinados a este fin, y "en Aragón los recortes sociales han sido de 36 millones de euros".

"Al 35 % de recortes del Gobierno de Rajoy se suma el 12 % de recortes de Aragón", ha afirmado Carcedo, quien ha señalado que en la comunidad hay más 7.500 dependientes con el derecho reconocido sin recibir las prestaciones.

Por su parte, la presidenta de CERMI-Aragón, Marta Valencia, ha apuntado que el objeto de la reunión con Lambán es trasladar las necesidades de las personas con discapacidad en relación con el empleo, la educación, la salud o la accesibilidad tras una legislatura en la que ha habido recortes y "siempre hay mucho que mejorar".