Las principales organizaciones y partidos ecologistas han denunciado la falta de planes de prevención para evitar las consecuencias de las crecidas de ríos, como ha sucedido con el reciente desbordamiento del Ebro, y han insistido en la necesidad de "dejar en libertad a los ríos".

Santiago Martín Barajas, secretario de Aguas de Ecologistas en Acción, ha explicado que "lo que no está en su sitio no es el agua precisamente, sino las instalaciones que se han construido ahí", en referencia a todo tipo de cultivos, edificaciones e infraestructuras que ocupan el cauce natural de las corrientes de agua.

Según los datos facilitados por esta ONG, en España existen más de 40.000 construcciones dentro del dominio público hidráulico o en las zonas de influencia directa de los cauces.

Limpiar éstos es "una barbaridad desde el punto de vista medioambiental", sobre todo cuando "llaman limpiar a eliminar toda la vegetación de ribera" y eso es "un error tremendo" desde el punto de vista hidrológico porque esta vegetación disminuye la velocidad a la que circula el agua y evita que sus efectos sean "más nocivos".

Por eso, una limpieza mal hecha "es muchas veces la responsable de que se produzcan las avenidas", por lo que hay que hacer es "ampliar la zona libre y plantar arbolado de ribera" y "dejar libres" las zonas de inundaciones del dominio público hidráulico.

Martín Barajas ha lamentado que "por desgracia, la polémica es puntual, porque luego pasará lo de siempre: la crecida se olvidará enseguida, se seguirá construyendo y volveremos otra vez con la misma historia cuando vuelva a desbordarse el río".

La responsable de programa de aguas de WWF, Eva Hernández, se ha quejado del "retraso" de España con respecto a la normativa europea en esta materia y ha exigido cambiar "esa concepción de que la normativa ambiental es sólo para conservar el medio ambiente, como si el hombre estuviera al margen" de la naturaleza.

Por eso ha pedido "otro planteamiento" en la gestión de los ríos, pues "hemos visto que las motas y los diques no funcionan" y "lo único que hacen en la mayor parte de los casos es empeorar la situación" al acelerar la fuerza con la que el agua arremete contra las poblaciones, creando sin embargo una "falsa" sensación de seguridad.

En su opinión, el riesgo se concentra "donde los obstáculos podrían romperse, no donde el río ha crecido de manera natural", por lo cual el "problema es de ordenación del territorio", algo a lo que "en algún momento habrá que ponerle solución" porque "no podemos trabajar contra los ríos, sino con ellos..., la inundación incluso es compatible con determinadas actividades, como la agricultura".

En el mismo sentido se ha pronunciado el responsable del grupo local de Amigos de la Tierra en La Rioja, Juan Donaire, para quien "crecidas y avenidas son fenómenos naturales y como tal hay que preverlos" para que causen "los menores daños posibles", sobre todo cuando existen estudios que fijan hasta dónde crecerá el agua.

Amigos de la Tierra propone aplicar la tendencia de gestión en otros países europeos "donde dejan a los ríos más libertad".

Desde el punto de vista político, el coportavoz de la formación ecologista Equo, Juantxo López de Uralde considera que los inconvenientes provocados por la crecida del Ebro se deben a "una falta de prevención y planificación correcta" de la Confederación Hidrográfica "y no a que la normativa medioambiental impida dragar ríos".

En ese sentido, insiste en que "la urbanización dentro los propios cauces y riberas es uno de los motivos más claros de las inundaciones" y recuerda que "ninguna normativa medioambiental impide limpiar los arrastres para evitar que taponen las salidas del agua".