El traslado de todos los juzgados de la capital aragonesa a la Ciudad de la Justicia de la avenida de Ranillas dejó libres dos importantes edificios en el centro de la capital que el Gobierno de Aragón necesita sacar ahora a la venta para hacer caja. Uno de ellos es el de la plaza del Pilar, para el que todavía no hay previsiones, y otro el de la calle de Lagasca, un céntrico inmueble de tres plantas cuyo cambio de uso ya ha solicitado la Consejería de Hacienda de la DGA al Ayuntamiento de Zaragoza. 

Por el momento se han entablado conversaciones con el consistorio, pero todavía sigue calificado como edificio administrativo. En el futuro se espera que tenga usos terciarios y podría albergar cualquier tipo de establecimiento, desde un hotel, a una guardería pasando por una galería comercial. Como no se ha logrado aún el cambio, el inmueble no ha sido tasado y se ignora con qué precio saldría a subasta pública. 

El Gobierno de Aragón hizo para este año unas previsiones de ingresos por venta de terrenos e inmuebles de 29 millones de euros que, como en los dos años anteriores, sigue estando lejos de poder cumplirlas. En los cálculos autonómicos se incluyen tres propiedades relacionadas con la administración de justicia, al margen del edificio de Lagasca y de los antiguos juzgados, como son un piso en la plaza del Pilar de más de 250 metros cuadrados dentro de las desaparecidas dependencias judiciales, y un local de 700 metros cuadrados que utilizó el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en la calle de Convertidos. 

En cuanto a los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, nada se sabe sobre su futuro. De hefcho, se creó un grupo de trabajo formado por funcionarios de Patrimonio para definir qué funciones se les daba a estas propiedades ubicadas en el corazón de la ciudad, que suman 17.713 metros cuadrados y cuentan con otros 6.000 metros cuadrados bajo rasante, repartidos entre las propias instalaciones y las plazas de aparcamiento. 

Equipamientos, un hotel, una residencia universitaria, viviendas... son algunos de los usos que se barajan, pero todos ellos requieren de una recalificación del suelo que tendrá que aprobar el Ayuntamiento de Zaragoza. 

El Ejecutivo de Rudi solo consiguió ingresar el año pasado 436.424 euros por venta de patrimonio frente a los 12 millones de euros presupuestados. Así consta en la ejecución presupuestaria oficial de la DGA del año 2013, donde el capítulo de enajenación de inversiones reales se sitúa en una ejecución de tan solo el 3,64% frente a otros que superan el 80%.