Frente común de los barrios contra la norma que permitirá cerrar más tarde a los bares de copas

Aunque la modificación de la ordenanza se sacó sorpresivamente del orden del día en la última comisión de Urbanismo, los residentes en las llamadas ‘zonas saturadas’ de Zaragoza no las tienen todas consigo. Recelan de unos cambios que equipararían a los bares de música con los pubs y permitirían que ambos pudieran cerrar a las 1.30 de domingo a jueves, y a las 3.30 los fines de semana y las vísperas de festivos. Así, siete asociaciones vecinales han hecho frente común y, con el apoyo también de la Federación de Barrios (FABZ), han presentado un escrito al Ayuntamiento y al Justicia para exigir que se cumplan las leyes del ruido y se respeten las distancias mínimas entre bares existentes en la actualidad en las áreas catalogadas como zonas saturadas.

Los vecinos están dispuestos a llegar hasta el Tribunal Constitucional porque consideran que su descanso es un derecho fundamental («una cuestión de supervivencia», dicen) y porque creen que la ley contra la contaminación acústica (siempre con un límite máximo de 85 decibelios) entra en contradicción con las nuevas pretensiones normativas.

Apuntan –además– que el origen de estos cambios es un tanto subrepticio porque se sitúa en las leyes de acompañamiento a los presupuestos que aprobó el Gobierno de Aragón a principios de año. «Lo hicieron de tapadillo y con la confianza de que los vecinos no nos enteráramos», denuncia Delia Maza, de la plataforma ConTemple, que explica que el contenido de las leyes presupuestarias deben hacer solo referencia a normas de gastos e ingresos de la Comunidad y se pregunta qué tiene que ver el descanso vecinal con el equilibrio presupuestario.Unidad de estudio

En su escrito en búsqueda de amparo –firmado por entidades de San José, Las Fuentes, Las Delicias, el distrito Centro, el Casco...– se solicita al Departamento de Interior de la DGA que brinde al Ayuntamiento las pautas para la correcta interpretación de la nueva ley, porque temen que deje sin efecto la ordenanza de distancias mínimas en zonas saturadas. Si no se tienen en cuenta las aglomeraciones de bares, advierten de que presentarán un recurso de inconstitucionalidad. Antes de llegar tan lejos, se propone crear una ‘unidad de estudio’ con informes individualizados de la circunstancia particular de cada una de las zonas. Con este estudio «se podría elaborar una ordenanza de zonas saturadas en transición», dado que hay algunas calles y barrios que, de forma natural, se han regenerado y otras que han ido a peor. 

Este espinoso asunto también pasará por el pleno de la Federación de Barrios –los afectados ya han sido convocados para el 10 de septiembre– y se debatirá también en el Consejo de Ciudad después del verano, dado que los denunciantes argumentan que «hay a quienes les resulta imposible vivir en sus casas».

Los vecinos no dejan de sorprenderse por que nadie les haya contactado y su opinión no haya sido tenida en cuenta para estos cambios normativos. «Estamos ignorados porque no somos un grupo de presión ni un ‘lobby’ como los discobares», lamentan, al tiempo que recuerdan que si la ordenanza está paralizada es por una cuestión que incomodaba a los propios establecimientos: la posibilidad de echar la persiana más tarde también les obligaba a retrasar el horario de apertura, con lo que muchos negocios del Centro y el Casco tendrían que renunciar a servir desayunos y almuerzos.Analizar caso por caso

Fuentes municipales indican que aún hay que estudiar la adaptación de la ordenanza porque «la nueva clasificación en grupos que hace el Gobierno de Aragón genera dudas y problemas». Desde Urbanismo advierten de que hay que «analizar las diferentes casuísticas»porque la ley beneficia a los establecimientos que se quieren asimilar a los pubs pero crea conflictos en el resto. «Hay hosteleros que ahora tiene todo en regla y que se verían obligados a pedir nuevas licencias y hacer nuevas gestiones y pagos para poder seguir trabajando como hasta ahora», explican desde el Consistorio, donde lamentan que la ley de la DGA «ha revolucionado un sector que estaba bastante pacificado». De momento, el debate y la polémica se posponen hasta después del verano.