UPyD ha reclamado este viernes el cese del consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, Francisco Bono, el secretario segundo de las Cortes autónomas, Alfonso Vicente, y el portavoz parlamentario del PAR, Alfredo Boné, así como los 10 nuevos imputados en el caso 'Apartadero' de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza).

Los tres primeros no han sido imputados, al estar aforados, pero les afecta el caso, según señala el juez titular del Juzgado de Instrucción número 12 de la capital aragonesa, Alfonso Tello, en el auto de imputación de los otros 10 miembros del Consejo de Administración de Plaza que en 2008 y 2009 autorizaron dos contratos con la UTE Acciona-MLN por valor de 15,5 millones de euros que se están investigando.

Este partido considera "inadmisible" que "personas con capacidad para tomar decisiones y administrar el dinero de todos los aragoneses se mantengan en su cargo tras ser señaladas por la Justicia".

El coordinador de UPyD en Aragón, Carlos Aparicio, ha resaltado la importancia de mantener "una imagen de honradez por parte de todos los políticos". Según Aparicio, es "inconcebible que alguien que rige las políticas que afectan a todos los aragoneses permanezca impasible en su cargo, a pesar de las firmes sospechas mostradas por un juez sobre su actuación".

Aparicio ha distinguido las responsabilidades judiciales de las políticas, y sin cuestionar la presunción de inocencia, ha afirmado que "si se minusvaloran o se desprecian estas graves circunstancias, como es una imputación, sólo se estará contribuyendo a incrementar la crisis de confianza en las instituciones que está asolando la confianza de los ciudadanos en el propio sistema".

Esta petición es la misma que UPyD lleva expresando en toda España cada vez que se da a conocer un posible caso de corrupción. De hecho, en los propios estatutos del partido se recoge la obligatoriedad de dimitir en el caso de ser imputado por un hecho relacionado con el cargo político que ocupa, algo que no ocurre en el resto de formaciones.

Hace un año UPyD sometió a votación, en el Congreso de los Diputados, la eliminación de aforamientos con el rechazo de populares, socialistas y nacionalistas y ahora ha presentado en el Congreso dos enmiendas a una reforma puntual de la Ley del Poder Judicial destinadas a empezar la supresión de los mismos.

En este sentido, y hasta que se reforme la Constitución, ha pedido que sólo sean aforados los miembros del Gobierno y del Parlamento, tal como dicta la Carta Magna.