La Delegación del Gobierno en Aragón pedirá al Ayuntamiento de Mallén que anule el acuerdo plenario adoptado el 20 de marzo para que el alcalde, Antonio Asín, siga siendo concejal y regidor pese a lo establecido en la ley electoral. Fuentes de este organismo indicaron ayer que esa votación fue «ilegal» y que por tanto la Abogacía del Estado la recurrirá si el Consistorio no rectifica.

De esta forma, la Delegación del Gobierno se suma al criterio de la Diputación de Zaragoza, de la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Mallén y de la Junta Electoral Central al considerar que la sentencia que ha inhabilitado a Asín por un delito de prevaricación le obliga a dejar sus cargos públicos aunque esté recurrida.

Esto sucede porque, desde enero de 2011, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que los inhabilitados por un delito contra la administración pública –como la prevaricación– incurren en causa de inelegibilidad (no pueden presentarse a las elecciones) y de incompatibilidad (tienen que dejar sus cargos públicos) aunque su condena no sea firme.

Basándose en esa norma básica y en varios acuerdos de la Junta Electoral Central, la secretaria de Mallén hizo un informe que concluye que Asín incurre en causa de incompatibilidad y que el pleno del Ayuntamiento debe tomar conocimiento de ello lo antes posible. El dictamen de la funcionaria avisa de que, si esto no sucede, la corporación podría afrontar responsabilidades incluso penales –cita el delito de prevaricación–. Sin embargo, en el último pleno el alcalde incluyó ese punto del orden del día como votación, no como toma de conocimiento, y seis de los siete ediles del PSOE –faltaba uno– apoyaron que Asín siga en sus cargos basándose en otros tres informes aportados por el propio regidor.

Ayer, fuentes de la Delegación del Gobierno señalaron que la votación fue «ilegal» y que el organismo que dirige el popular Gustavo Alcalde «hará cumplir la ley». «La Delegación ha tenido conocimiento a través del acta del pleno, siguiendo el procedimiento ordinario, y los servicios jurídicos consideran que el acuerdo es ilegal –explicaron–. Por eso la Delegación va a requerir al Ayuntamiento de Mallén para que lo anule».

Las mismas fuentes destacaron que «lo normal» es que el Consistorio atienda las indicaciones de la Delegación del Gobierno. No obstante, también confirmaron que, si no es así, la Abogacía del Estado presentará un recurso contencioso-administrativo para que se pronuncien los tribunales.

La DGA también puede intervenir

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa pidió ayer al consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, que, «conforme a lo previsto en la Ley de Administración Local de Aragón, active los mecanismos de control de legalidad sobre lo acordado por el pleno del Ayuntamiento de Mallén». Esa norma autonómica faculta a la DGA para actuar, ya que dispone que «cuando el Gobierno de Aragón considere que un acto o acuerdo de alguna entidad local infringe el ordenamiento jurídico» podrá «requerir a la entidad local» para que lo anule o «impugnarlo directamente».

Ayer, fuentes de la DGA se limitaron a señalar que el Ejecutivo «toma nota» de lo sucedido «de cara a las relaciones con el alcalde de Mallén». No obstante, también explicaron que el Gobierno de Aragón ha remitido un escrito a todos sus departamentos avisando de que no se puede reconocer la validez legal de los actos administrativos en los que el regidor mallenero participe individual o colegiadamente –el informe de la secretaria ya advirtió de que, desde el momento en el que Asín ocupa el cargo «indebidamente», esos actos pueden ser nulos–.

La DPZ da hoy un nuevo paso

Mientras, la DPZ dará hoy un nuevo paso para que Asín deje de ser diputado provincial. La junta de gobierno de la institución celebrará una sesión extraordinaria cuyo único punto será la propuesta para elevar al pleno la toma de conocimiento de la incompatibilidad del alcalde de Mallén. Todo apunta, por tanto, a que la semana que viene la corporación provincial declarará oficialmente que Asín no puede seguir como diputado iniciando así el proceso para sustituirle –le sucederá el alcalde de Utebo, Miguel Dalmau–.