Dos testigos corroboran la versión de la Guardia Civil en el caso del cura de Borja

Dos testigos citados a declarar por la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tarazona (Zaragoza), Nieves Pérez, en la causa abierta contra Rafael G.C., extestigo protegido en el caso del cura de Borja, por presuntas calumnias, han corroborado en sede judicial el contenido de las denuncias presentadas contra esta persona por los cuatro agentes de la Guardia Civil, representados por Mariano Montesinos.

A finales del mes de enero, el testigo clave del caso del cura de Borja, un vecino que fue testigo protegido, declaró ante la juez que agentes de la Guardia Civil le presionaron para decir que existían imágenes comprometidas del sacerdote y que le habían obligado a mentir, declaración que ha originado la denuncia por calumnias contra esta persona.

En una nota, el letrado ha afirmado este martes que uno de los testigos en la causa contra Rafael G.C. es un agente de la Benemérita que estuvo presente en la mañana en que este prestó declaración en el Juzgado turiasonense en calidad de testigo protegido en el marco de la Operación Espino.

Este guardia actuó como operador del aparato distorsionador de voz que se empleó para mantener el anonimato del declarante. Montesinos ha subrayado que este agente no conocía el contenido del atestado ni tenía "ninguna otra información referida al caso".

En su declaración ante la juez, el agente ha indicado que en la tarde del 12 de diciembre de 2013 le comunicaron que tendría que ir al Juzgado con el distorsionador para la declaración judicial del entonces testigo protegido.

La juez le ha preguntado si antes de comenzar la declaración había visto si el testigo era una persona coaccionada. La respuesta ha sido "lo contrario", que había conocido a Rafael G.C. en el Juzgado y que éste hizo un relato de los hechos "voluntariamente" en presencia de la titular del Juzgado y los letrados.

Cuando la juez le ha preguntado si algo le había llamado la atención, el guardia ha manifestado que el declarante --en diciembre de 2013-- dijo que tenía miedo "con relación a su trabajo", de que en ese ámbito se supiera que declaraba en sede judicial ese día y que "en varias ocasiones" dijo "textualmente" "si alguien se enteraba de que era él, diría que le había obligado la Guardia Civil a realizar esa declaración".

Hablaba "amigablemente"

El segundo testigo, ha continuado Montesinos en su nota, es una persona que estuvo presente en "momentos relevantes" en su intervención como testigo protegido, según ha referido Rafael G.C.

A este segundo testigo la juez le ha preguntado si observó que el denunciado se viera "coaccionado o acobardado", respondiendo que "en ningún momento, más bien al contrario" y que "estaba a gusto, hablando amigablemente".

Rafael G.C. dijo en aquel momento, según este testigo, que "sobre todo no se quería que se conociera quién era y que si se llegaba a saber diría que todo era mentira y que la Guardia Civil le había obligado a decir eso".

En opinión de Mariano Montesinos, estas dos declaraciones "vienen a corroborar de forma contundente las denuncias interpuestas por los --cuatro-- miembros de la Guardia Civil contra Rafael G.C.".

El abogado ha dicho que estos testimonios han puesto de manifiesto que las declaraciones realizadas por el extestigo protegido en sede policial y judicial "fueron realizadas voluntariamente, siempre bajo las órdenes de la juez instructora, con respeto a la legalidad vigente y ordenando lo necesario para que no se conociese su identidad".

"Todavía quedan puntos oscuros por esclarecer sobre los motivos que llevaron al entonces testigo protegido a acusar a los miembros de la Guardia Civil de haberle coaccionado", ha concluido Montesinos.

Operación Espino

El sacerdote Florencio Garcés, de 70 años de edad, fue detenido el viernes 29 de noviembre de 2013 por la Guardia Civil en la denominada 'Operación Espino' por su posible implicación en varios delitos, entre ellos, apropiación indebida de dinero de la parroquia. Días más tarde fueron detenidas otras cinco personas, miembros de una misma familia y que, al igual que el sacerdote, se encuentran en libertad con cargos.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tarazona, Nieves Pérez, imputó a Garcés como posible autor de un delito de apropiación indebida continuada y agravada por la cantidad de 185.183,63 euros. El cura ingresó el 5 de diciembre en la cárcel de Zuera, en situación de prisión provisional sin fianza, si bien una semana después quedó en libertad.