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Zaragoza

Juicio al alcalde de Mallén

El fiscal rebaja la petición de cárcel para Asín de 14 a 3 años

El ministerio fiscal también ha retirado las acusaciones para los concejales Escusol y Gil, aunque las particulares se mantienen.

El alcalde de Mallén, Antonio Asín (Archivo)
El alcalde de Mallén se muestra "muy tranquilo" y dispuesto a colaborar con la Justicia
OLIVER DUCH

El fiscal del caso Mallén ha rebajado la petición de cárcel para el alcalde de la localidad zaragozana, Antonio Asín, de 14 a 3 años de cárcel y 9 de inhabilitación, frente a los 32 que pedía en un primer momento.

En concreto, piden un año de cárcel por un delito de fraude continuado, dos años por falsedad continuada y nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada.

El ministerio fiscal también ha retirado las acusaciones para los concejales Fernando Escusol y José Antonio Gil, aunque las particulares las mantienen.

"Ni se me pasó por la cabeza"

El alcalde de Mallén inisitió durante el juicio en que "jamás he cobrado un euro fuera de mi trabajo" y sus ingresos oficiales, ni "se me ha pasado por la cabeza desviar un euro que no esté justificado", y subrayó que las operaciones urbanísticas realizadas en el polígono industrial se llevaron a cabo siempre pensando en el interés del municipio y en la creación de puestos de trabajo.

Así explicó en sede judicial  que el consistorio decidió crear una sociedad urbanística en el municipio con el objetivo de desarrollar la localidad y evitar que sus vecinos fueran a trabajar a otros municipios y se fueran definitivamente a vivir a estas localidades.

Con terrenos cedidos por el ayuntamiento, la sociedad se puso en marcha y en enero de 2007, ha relatado Asín, el alcalde recibió la visita de un responsable de la federación agroalimentaria de UGT Aragón quien le presentó el proyecto que deseaba poner en marcha Agrovalle, con sus directivos José Luis Pérez Lizar y Herbert Kolling, a quienes "no conocía de nada" previamente, ha afirmado.

Durante el proceso, el alcalde llegó a asegurar que "conozco un montón de compañeros" --alcaldes-- que han incentivado la llegada de empresas a sus municipios con fórmulas similares y ha remarcado que trató de promover "ante todo el interés público y el incentivo de los puestos de trabajo".

El juicio

La Audiencia Provincial de Zaragoza juzga desde este lunes y hasta el este viernes al alcalde de Mallén, Antonio Asín Martínez, para el que la Fiscalía pedía en un primer momento 14 años de prisión y 32 de inhabilitación para cargo público por los delitos de prevaricación, fraude, falsedad y cohecho.

Se trata del primer proceso contra la cúpula de un consistorio aragonés por presuntas irregularidades y corruptelas, ya que el juicio de la llamada Operación Molinos –por la supuesta trama urbanística de La Muela– todavía no tiene fecha.

Además del exsocialista –Asín fue expulsado del partido hace ahora un año, al conocerse el escrito de acusación del Ministerio Público–, en el banquillo se sentarán esta semana otras nueve personas, entre las que se incluyen exconcejales, empresarios y funcionarios. A estos últimos se les imputan delitos que abarcan desde la falsedad en documento mercantil hasta la prevaricación, pasando por el fraude fiscal, la malversación y el cohecho.

La denuncia que llevó al Grupo de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Policía a destapar las presunta trama de Mallén la presentó la empresa Transmalia en 2009. Sus propietarios querían comprar terrenos en la plataforma logística del municipio y el Ayuntamiento les obligó a cerrar la compra-venta a través de una sociedad intermediaria llamada Expocity, lo que encareció de forma considerable la operación.

Alcalde y diputado provincial

Antonio Asín es alcalde de Mallén desde hace 17 años y formaba parte del Partido Socialista, que lo expulsó de sus filas en octubre de 2012 por su imputación en este caso. También fue expulsado del grupo provincial Socialista en la Diputación de Zaragoza, si bien Asín ha mantenido su cargo como diputado provincial.

Junto a Antonio Asín, se sientan en el banquillo de los acusados los concejales Fernando Escusol y José Antonio Gil, los directivos de Agrovalle Kolling y Pérez Lizar, el funcionario Pedro Rueda y su mujer, Ana Carmen Pérez, Sergio Castro; el representante de la empresa Tecnozoo, Alejandro Ahedo, y el subdirector de la Caixa en Tudela, José Antonio FernándezJaurrieta.

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