Anticorrupción analiza la documentación sobre Plaza antes de decidir nuevas acciones

  La Fiscalía Anticorrupción se ha centrado en el análisis de toda la documentación intervenida durante la operación puesta en marcha la pasada semana por diversos delitos económicos vinculados a la ejecución de obras de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), antes de decidir nuevas acciones judiciales.

Según han informado a Efe fuentes de esta oficina, la gran cantidad de documentos obtenidos por los investigadores se constituye en pieza fundamental para determinar la existencia de presuntas responsabilidades penales por malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

La operación, llevada a cabo el pasado día 14 en la capital aragonesa, se saldó, asimismo, con las detenciones del exgerente de Plaza Ricardo García Becerril, del director técnico de la sociedad, Miguel Ángel Pérez Cervantes, y del director de obra de Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld, responsable del proyecto de urbanización de la plataforma logística.

Los tres detenidos, para los que la fiscalía solicitó su ingreso en prisión, fueron puestos en libertad con cargos tras prestar declaración ante el juez suplente del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, sobre el que ha recaído la investigación del caso.

La Fiscalía Anticorrupción considera que responsables de la unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona y Mariano López Navarro pudo hinchar las facturas de las obras de urbanización ejecutadas mediante certificaciones ficticias que no se correspondían con trabajos realizados.

Ambas empresas no sólo unieron sus intereses para la ejecución de obras en la plataforma logística, sino en el polígono Arcosur de Zaragoza, donde guardaban toda la documentación relacionada con Plaza en dos contenedores de barco y en diversos recipientes.

Tras el registro de estos contenedores, la Fiscalía reclamó del juzgado la inmediata incautación de la documentación hallada ante el riesgo de que pudiera desaparecer en la operación de traslado que tenía previsto realizar la UTE de todas sus propiedades en Arcosur, ante la inminente ejecución de una orden de desahucio.

Además, algunos documentos ya habían sido triturados previamente por los responsables de la unión de empresas, lo que alertó a los fiscales.

Según las fuentes citadas, un primer análisis sobre el terreno de algunos de los documentos intervenidos permitió confirmar "punto por punto" la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción por unos empleados de la sociedad pública, y llevó a sus representantes a solicitar el ingreso en prisión de los detenidos.

El último de los detenidos en declarar fue Ricardo García Becerril, que en el momento de ser detenido, en un apartamento de su propiedad en Salou (Tarragona), tenía en su poder 415.000 euros.

Según los fiscales, y a falta del análisis de toda la documentación disponible, los detenidos podrían haber malversado, presuntamente, alrededor de 50 millones de euros.

Las fuentes citadas han asegurado que la denuncia presentada no va dirigida contra personas, sino que está orientada en primer lugar a clarificar unos hechos supuestamente delictivos.

Han añadido, además, que las actuaciones no se dirigirán contra los trabajadores o empleados que pudieron tomar parte de forma involuntaria en su comisión, sino en los casos en los que pudo producirse un enriquecimiento ilícito de personas.

Por otra parte, la sociedad pública de Plaza, que controla el Gobierno aragonés con un 51 por ciento del accionariado, valorará, en una próxima reunión de su consejo de administración que podría convocarse con carácter de urgencia la próxima semana, la posibilidad de personarse en la causa penal abierta por estos hechos.

Fuentes del Ejecutivo autónomo han confirmado a Efe que en los despachos del Pignatelli (sede central del Gobierno de Aragón) se sopesa en estos días la opción de personarse en la causa como parte perjudicada.

Estas fuentes han añadido que el actual gobierno aragonés ya alertó en pasadas fechas de diversas irregularidades, en un informe en el que se denunciaba la existencia de obras sin ejecutar y de precios alterados.