Eduardo Lacasta Lanaspa, propietario de la inmobiliaria Fincas Atlanta y detenido como presunto autor de un delito de insolvencia punible y otro de tenencia ilícita de armas, será puesto este viernes a disposición judicial tras permanecer 48 horas en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Durante ese tiempo, los agentes tenían previsto interrogarle sobre sus actividades empresariales.

En concreto, sobre los movimientos detectados en la tremenda maraña de sociedades que forman su grupo y que, presuntamente, revelan que en los últimos tiempos ha desviado a otras firmas decenas de propiedades de empresas declaradas -o a punto de entrar- en concurso de acreedores para no pagar sus deudas.

Se desconoce si Lacasta se prestó a declarar ante los agentes, dado que la causa está declarada secreta por la juez del caso. Quienes sí testificaron fueron los otros tres detenidos Alfredo S. L. (albañil y, desde la crisis, testaferro y administrador de cinco empresas de Lacasta); su contable, Joaquín J. A., y su sobrino, José Germán P. L., (socio y administrador de 14 empresas del grupo Atlanta). La Policía citó también este jueves a Javier A. A., (socio de Eduardo Lacasta y administrador de al menos otras siete sociedades inmobiliarias). Todos ellos quedaron en libertad imputados por un delito de insolvencia punible y con la obligación de presentarse ante el juez cuando les llame.

Además de estos cuatro y del dueño de Fincas Atlanta, en la causa hay un sexto imputado, otro albañil al que con la crisis económica y ante la falta de trabajo, Lacasta le propuso que se fuera al paro o bien que se prestase para figurar como administrador de empresas e hiciese de testaferro suyo en distintas operaciones para descapitalizar fraudulentamente las sociedades intervenidas, según fuentes cercanas al caso. El albañil accedió pero, al comenzar a recibir reclamaciones judiciales y comprobar que se había metido en un serio conflicto legal, decidió denunciar a Lacasta. Entre otras cosas, por falsificar presuntamente su firma y usar su nombre sin él saberlo.

Otra de las denuncias que han contribuido a la investigación policial fue presentada por un vecino de La Puebla de Alfindén. En esta localidad residen un buen número de damnificados del grupo Atlanta por promociones de viviendas que nunca se han terminado de construir, pero que los compradores pagaron en parte o totalmente. Las reclamaciones que tiene presentadas Lacasta en los juzgados solo por obras en La Puebla van desde los 6.000 a los 300.000 euros. Han intentado llevarlo por la vía penal pero las causa han sido archivadas. «Estamos en un camino sin salida y ahora, que se ve clara la insolvencia punible, iremos de nuevo a la penal», anunció Javier Bellot, letrado de varios afectados.

«Reclamé y se me rió a la cara»

«Yo le compré un piso en 2008 y le di 6.000 euros de señal. Al cabo de los meses y cuando venció el contrato, la obra no estaba acabada. Le reclamé el dinero y se me rió en la cara. Pero además, tuvo la desfachatez de enviarme un burofax en el que me apremiaba para que le pagase las letras que quedaban antes de entregar las llaves, o me denunciaba. ¡Y la casa sin hacer y con la obra parada!», contó este jueves José Antonio B.

Aparte de promocionar y vender casas, la segunda vía de ingresos de Lacasta son los alquileres y también va dejando rastro. En una finca de la calle de Balsetas de La Puebla tiene varios inquilinos que le pagan el alquiler y la parte correspondiente al recibo de la comunidad. Sin embargo, él no abona estas cuotas. «Nos debe ya 15.000 euros y le hemos llevado a juicio varias veces. In extremis intenta llegar a acuerdos pero luego te denuncia y el proceso se vuelve a alargar años. Es su forma de actuar», cuenta José Antonio B.