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Zaragoza

Servicios sociales

Oliván defiende que las ayudas económicas de dependencia sean "excepcionales"

El consejero de Sanidad y Bienestar Social se marca como objetivo que las ayudas económicas se sustituyan "poco a poco" por servicios profesionales.

El consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, junto a Luisa Fernanda Rudi
Oliván apela al fondo de compensación nacional para atención a los desplazados
EFE

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Ricardo Oliván, ha defendido este viernes en las Cortes que las prestaciones económicas previstas en la ley de dependencia sean "excepcionales" y se primen "poco a poco" más los servicios profesionales. Por ejemplo, las residencias o la teleasistencia. "Los servicios profesionales, además de crear empleo, pueden dar una calidad mayor en la atención que todo el cariño que da un familiar a un dependiente", ha argumentado Oliván, que ha denunciado que la ley de dependencia "no se dimensionó adecuadamente" cuando se aprobó.

Oliván respondía así a una interpelación de la diputada del PSOE María Victoria Broto sobre el instituto Aragonés de Servicios Sociales. Broto ha alertado de que estamos en "una situación muy grave" y "es necesario que los servicios sociales se pongan a trabajar". Además, ha tratado de desmontar el argumento de Oliván sobre la dependencia al recordarle que se han perdido 2.000 plazas concertadas en residencias. "Ustedes son los campeones en la destrucción de la dependencia", ha recriminado.

Además, según informa la agencia Efe, Ricardo Oliván, ha reconocido que, "por desgracia", hay personas en Aragón, "y muchas", que tienen derecho a cobrar el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que han presentado la documentación necesaria para hacerlo y que no lo reciben.

No obstante, ante las críticas al respecto que ha recibido en el pleno de las Cortes de Aragón por la diputada socialista María Victoria Broto, ha dicho que las exigencias de documentación y acreditación para recibir el cobro son muy altas y que muchos de los expedientes presentados no están completos, aunque sí hay algunos que lo están y aun no han recibido prestación.

En el transcurso del debate de la interpelación, Broto ha dicho que en 2012 se recibieron 9.000 expedientes y que en los presupuestos de 2013 se fijaron 21 millones de euros para este fin, cuando las entidades sociales han apuntado que se necesitarían 32 para atender a todas las personas que cumplen los requisitos.

Según la diputada socialista, el Gobierno de Aragón actual "no se cree" esta prestación porque no está dispuesto a ampliar el crédito correspondiente al pago del IAI.

Ha agregado que el método que usa el Ejecutivo es dividir el dinero disponible por meses, y esa es la cantidad que se destina al pago del IAI independientemente de que falte algo.

Este extremo ha sido negado por el consejero, quien ha apuntado que, a pesar de que "los recursos son los que son", nadie del departamento de Hacienda le ha dicho que el crédito no sea ampliable.

La interpelación de Broto tenía por objeto conocer la política general en relación con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, después de algunos cambios realizados en el organigrama con el fin, según Oliván, de "aplicar criterios de eficiencia en la gestión, ineludibles siempre pero más en las actuales circunstancias".

Este cambio se completará con una futura remodelación del departamento, del que se suprimirá la dirección general de Bienestar Social y Dependencia, que pasará a depender del propio IASS, y con un "amplio proceso de adaptación normativa" en cuestiones como la propia dependencia, la adopción o la homologación de los procedimientos de actuación.

En todo caso, ha defendido que el departamento está haciendo "todo lo posible" con los recursos que tiene para atender a quienes más lo necesitan, y ha insistido en que salvo el área de dependencia, marcada por la financiación estatal, todas las partidas se han mantenido o incrementado en cuanto a presupuesto.

Broto ha recordado que la situación es dramática para muchas personas en Aragón, donde hay 10.000 familias sin ningún tipo de ingreso; 37.000 familias con todos sus miembros en paro; 116.000 parados de los cuales un 65 por ciento no cobra la prestación, y donde una de cada cinco familias vive en la pobreza o la exclusión.

Además, se ha interesado por la aplicación de la ley de la dependencia que, ha recordado, la presidenta del Ejecutivo, Luisa Fernanda Rudi, "calificó de inservible".

En este campo, Oliván ha dicho que su intención es cambiar la tendencia de la aplicación de la ley, puesto que en estos momentos el 65 por ciento de los ciudadanos que tiene derecho recibe una prestación económica y el 35 por ciento se beneficia de algún servicio, unos consejeros que pretende revertir el consejero.

La dependencia es "para los dependientes, no para sus familias", y este sentido facilitarles servicios como centros de día o residencias, "además de empleo, garantiza una mejor atención" para los dependientes.

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