La falta de liquidez del departamento de Sanidad está asfixiando económicamente a los pacientes que, tradicionalmente, han tenido que guardar los recibos generados durante sus tratamientos para poder acceder al reembolso. Uno de los colectivos más afectados es el de las personas que deben desplazarse a otras comunidades o sectores sanitarios por su dolencia. 

Algunos casos son especialmente sangrantes, como el de Francisco José Godoy, un aragonés de 54 años al que se le adeudan ya cerca de 12.000 euros tras el trasplante bipulmonar que recibió en el Hospital Vall d'Hebrón (Barcelona) en agosto de 2011. Este tipo de operaciones no se hacen en Aragón, ya que la casuística es muy escasa y hay varios centros de referencia nacional que se han especializado en ello.

Francisco ha tenido que vender un piso -«más bien malvenderlo", como él mismo precisa- para poder sufragar los gastos generados antes, durante y después de la intervención, y que a día de hoy siguen sin serle pagados. Los mismos se calculan de acuerdo a una orden del departamento de Salud y Consumo publicada en 2004 sobre ayudas de gastos de desplazamiento, manutención y hospedaje para aragoneses que son atendidos en otra comunidad.

En el caso de este aragonés, todo comenzó cuando empezó a acudir en Barcelona a las citas fijadas por el equipo médico del Vall d'Hebrón que ha seguido su caso, pero en cuando Francisco alcanzó los primeros puestos en la lista para recibir los órganos tuvo que trasladarse definitivamente a Barcelona, donde vivió 8 meses hasta que la intervención pudo realizarse.

A pesar de que no consumió los 700 euros mensuales que están previstos en concepto de alquiler (Francisco vivió en un piso de una asociación por 300 euros al mes, 150 por él y otros 150 por su cuidadora), en febrero de 2012 presentó al servicio provincial facturas por valor de 8.810 euros, entre dietas (se conceden 10 euros al día para manutención), traslados y alojamiento.

Francisco José esperó pacientemente, contento con su nueva vida, y siguió asistiendo a sus revisiones. No obstante, en muchos meses no recibió respuesta de la DGA y, de nuevo, el 22 de febrero de 2013, sumó de nuevo los gastos y presentó otros 2.544 euros. Con todo esto, la cuantía ascendía a 11.354 euros a los que a día de hoy hay que añadir otros 200 euros de los últimos viajes.

"Que no me digan que la Sanidad es pública y que todo el mundo tiene derecho a recibir asistencia. Yo estoy al límite de mis recursos económicos, y eso que he podido vender un piso", aclara.

En el departamento de Sanidad reconocen que todo se debe a un "problema de liquidez", aunque aseguran que el paciente "está a punto de cobrar". De hecho, el pasado 5 de enero, el servicio provincial remitió una carta a este asegurado en la que le comunicaba que su caso estaba en la fase de fiscalización previa.

Según los informes de Sanidad, el trasplante de este paciente costó a las arcas públicas 85.000 euros «y entre pagar a tiempo la operación o abonar antes los gastos, nos quedamos con lo primero, que es lo que le ha permitido salvar la vida". A pesar de todo, la DGA lamenta el retraso.

También otras asociaciones, como la de trasplantados pulmonares de Valencia, reconocen que los pagos de los pacientes aragoneses tratados en La Fe están sufriendo "bastantes retrasos". No son los únicos, y hace unos días una familia denunció que la DGA les debe también más de 5.000 euros desde 2011 por la prótesis de su hijo de 5 años.

Baremos "sin actualizar"

Los pacientes que deben recibir tratamiento fuera de Aragón (o en otro sector sanitario) denuncian que el calvario económico comienza ya con el desfase de la orden de 2004 que regula sus gastos, dietas y manutención durante el tratamiento.

Por ejemplo, en la mismo se establece que la DGA paga el kilómetro a 0,06 euros, aproximadamente la mitad de su precio real en la actualidad. No se contempla que los pacientes tengan que viajar en tren, algo cuando menos mejor si hay que cargar con un respirador artificial, una máquina de oxigenoterapia o una silla de ruedas. En estos casos, además, se pide al paciente que esté siempre acompañado, lo que multiplica los gastos por dos.

Por ejemplo, según el criterio, la DGA abona 17 euros de ida y 17 de vuelta por el trayecto a Barcelona, mientras que esto supone, en el mejor de los casos si se elige el tren, unos 80 euros para los afectados. Muchos insisten en que para un enfermo con determinadas patologías es del todo inasumible hacer los viajes al volante o incluso tener que introducir las máquinas en el autobús.