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Zaragoza

Caso Mallén

Antonio Asín defiende de nuevo su inocencia y pide respeto

El socialista Antonio Asín ha reclamado "respeto" porque "aún falta el juicio para defendernos", después de que la Fiscalía haya solicitado 14 años de prisión para este edil por corrupción.

El alcalde de Mallén, el socialista Antonio Asín, ha defendido este viernes de nuevo su inocencia y ha reclamado "respeto" porque "aún falta el juicio para defendernos", después de que la Fiscalía haya solicitado 14 años de prisión para este edil por corrupción.

Antonio Asín ha señalado que "esto lo esperábamos" porque es "una parte más del proceso", pero "ahora me gustaría que, ante todo", se respete la presunción de inocencia, porque "falta el juicio para defendernos" y allí se dará "la última palabra".

Una vez más, el alcalde ha remarcado que toda su gestión la ha hecho "por el bien del pueblo y ahí están las obras" y proyectos que se han puesto en marcha en esta localidad zaragozana. Además, "me siento apoyado" por los vecinos de Mallén, que han respaldado su gestión en las elecciones "con mayorías abrumadoras". Por ello, Asín ha subrayado que continuará "defendiendo mi inocencia y la de mis compañeros".

La Fiscalía de Zaragoza solicita 14 años de prisión y más de 30 años de inhabilitación para ejercer cargo público alguno al alcalde de Mallén por los delitos de prevaricación, fraude, falsedad continuada y cohecho al frente del ayuntamiento de este municipio zaragozano y de la Sociedad Urbanística Municipal.

Delitos económicos a otras nueve personas

En su escrito, la Fiscalía también imputa delitos económicos a otras nueve personas, entre las que figuran exconcejales, empresarios y empleados municipales, al igual que hiciera la empresa Transmalia que, junto al PP en Mallén, ejercen la acusación particular, según publica este viernes la prensa regional.

El informe de la Fiscalía recoge que en 2006 y 2007, el alcalde de Mallén "recibió dádivas por parte de terceros a cambio de procedimientos ilegales o irregulares" y que cuantifica en unos 16.000 euros anuales "sin que se haya podido determinar la procedencia".

Entre los presuntos delitos, la Fiscalía cita la venta de dos parcelas a la empresa Agrovalle "sin seguir ningún tipo de trámite o procedimiento, más allá de conversaciones y la presentación de un power point" y que ha supuesto un perjuicio para el Ayuntamiento de más de 800.000 euros.

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