Archivada la querella por presunta prevaricación en Villanueva de Gállego

El Tribunal Supremo ha archivado una querella contra la exministra de Sanidad Leire Pajín y la diputada socialista Pilar Alegría, como integrantes de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, por un caso de presunta prevaricación presentada por vecinos de la localidad zaragozana de Villanueva de Gállego.

La vinculación de Pajín y Alegría en esta denuncia emana de su presunta interferencia, como miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE, en la agrupación local de Villanueva de Gállego mediante dos resoluciones, calificadas de "falsas", para sustituir a sus integrantes y nombrar una gestora.

Además de Pajín y Alegría figuraban como imputados el expresidente de Aragón y exsecretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias; el entonces presidente de la Diputación de Zaragoza Javier Lambán y el alcalde Villanueva de Gállego, José Manuel Garisa.

Un grupo de vecinos de Villanueva de Gállego denunciaron en marzo de 2006 una presunta trama de corrupción urbanística para favorecer la construcción de 1.980 chalets y campos de golf en ese término municipal.

El origen de la trama especulativa se remonta al año 2001 cuando el entonces alcalde socialista de Villanueva de Gállego, Marcelino Artieda, se opuso a la construcción de 1.000 chalets, promovida por Bruesa, a través de su filial Inurasa.

La operación, "que se dice fue apoyada" por Iglesias, fue rechazada por Artieda por sus "altos costes" para el Ayuntamiento y su "profundo impacto medioambiental" en una localidad de apenas 5.000 habitantes, señala el auto del Supremo.

Al parecer, y siempre según la denuncia, Inurasa, "descontenta por la cancelación del proyecto y captando la voluntad de los concejales del Ayuntamiento", consiguió que éstos promovieran una moción de censura en diciembre de 2001 contra Artieda.

Como resultado de ello, salió elegido alcalde del municipio el tránsfuga del PSOE, José Manuel Garisa, quien repitió luego dos legislaturas como independiente.

Según el hilo conductor de la denuncia, tras el triunfo de la moción de censura y el mantenimiento del nuevo alcalde en las elecciones de 2003, "que ganó en la legitimidad de las urnas democráticas", se iniciaron los trámites para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Villanueva de Gállego.

El polémico proyecto de construcción de 1.980 chalets y campo de golf en el sector denominado 'La Sarda' resultó finalmente aprobado.

También se dice en la denuncia que como el anterior director general de la Vivienda del Gobierno de Aragón se opusiera a la aprobación del proyecto, fue cesado y sustituido por Julio César Tejedor, asesor urbanístico de Marcelino Iglesias y hombre fuerte del Gobierno autonómico.

Coincidiendo con este cambio, dominadas las esferas municipal y autonómica, se aprobó la operación urbanística consistente en la recalificación de 220 hectáreas de suelo rústico de regadío, que pasaron a ser de suelo urbano residencial, con una edificabilidad de 400.000 metros cuadrados y se acordó la firma de un "polémico convenio" entre el Ayuntamiento y la promotora Inurasa, que más tarde ésta incumpliría en perjuicio del municipio.

Para los denunciantes, tales hechos integrarían los delitos de "malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la ordenación del territorio y delito de blanqueo de capitales".

Sin embargo, el Tribunal Supremo, tras una extensa disertación jurídica, dice en su auto que "no se aporta el más elemental principio de prueba" de los hechos denunciados, motivo por el que acuerda el archivo de las actuaciones, y reprocha a los denunciantes el haber escogido la vía penal, en lugar de la contencioso-administrativa.