Bajo la espada de Damocles de una inminente protesta vecinal, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ministerio de Fomento continúan diciendo que la pelota está en el tejado ajeno en lo relativo a la cesión de la avenida de Cataluña. A pesar de que han pasado más de quince meses desde que se produjo la petición oficial y de que hace cuatro que se aprobó un protocolo de colaboración para que el vial cambiara de manos, la falta de acuerdo económico ha imposibilitado, durante este tiempo, cualquier avance.

Mientras que el Consistorio trata de 'rascar' una cifra elevada que le permita afrontar una cuantiosa reforma integral de la avenida (cree que harían falta unos 23 millones), fuentes oficiales de Fomento recordaron ayer que «la aportación económica la fija una orden ministerial en función de los kilómetros a ceder. Por lo tanto, el baremo económico se establece de manera fija», aseguran en el Ministerio, donde añaden que «lo único que se negocia con la Administración, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, es el tramo concreto a ceder».

Así las cosas, según el baremo aprobado por la Orden del Ministerio de Fomento 3426/2005, la dotación económica que lleva aparejada el paso de la vía a titularidad municipal es de 204.644 euros por kilómetro de carretera. En el caso que nos ocupa, al tratarse de una carretera en tramo urbano con dos o más calzadas, el montante asciende a 341.074 euros, cifra que varios consistorios en la Federación Española de Municipios han calificado más de una vez de «exigua». El tramo de la avenida de Cataluña pendiente de cesión incluye los 4,3 kilómetros que discurren entre la Ronda de la Hispanidad (Z-30) y la rotonda situada en el acceso a Nurel, donde el trazado antiguo ha quedado integrado en la carretera Nacional II, incluida la travesía de Santa Isabel.

Así, el Ayuntamiento podría recibir como «gastos de reposición» en torno a 1,5 millones para afrontar una adecuación que los técnicos del área de Infraestructuras valoraron en su día en unos 23 millones de euros «dados los condicionantes urbanísticos de la zona (aún hay cicatrices ferroviarias) y la complejidad del proyecto por la necesidad de obtener todos los suelos necesarios». Además, para conseguir el lavado de cara de la avenida (urbanizar, al menos, las aceras más deterioradas) el Consistorio confiaba en el desarrollo de planes parciales, la mayoría de los cuales cuentan ya con un proyecto de urbanización que, sin embargo, han sido paralizados, víctimas de la recesión económica.

Los vecinos, cansados de esperar durante años la reforma prometida, están dispuestos a cortar el tráfico en hora punta el próximo mes de septiembre si no se vislumbran avances significativos. Consideran que no es de recibo que una de las principales avenidas de la ciudad ni siquiera sea vía urbana y aún dependa de la demarcación de Carreteras del Estado.

Recuerdan, además, que durante la campaña electoral todos los partidos aseguraron que la reforma de la avenida era una prioridad y que, sin embargo, pasados tres meses nadie ha actuado. El propio alcalde Belloch dijo en marzo que la firma de la cesión era «cuestión de días», pero las negociaciones continúan trastabilladas, si bien fuentes de ambas administraciones aseguran que «la voluntad de cumplir con los compromisos es firme» y confirman que actualmente «se están analizando los aspectos técnicos de la cesión» y que «estos se concretarán en breve plazo en un convenio».