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VIVIENDA

Okupas de su propia casa

Una familia de la Puebla de Alfindén podría quedarse en la calle el día 3 por impago de una hipoteca que nunca formalizaron debido a un procedimiento contra la constructora.

Su caso es uno de esos que llaman la atención por su peculiaridad. Ana Muñoz, vecina de La Puebla de Alfindén, compró una casa que estaba por construir hace doce años. Pagó una entrada y 18 mensualidades, pero luego la constructora quiso cambiar el precio de la vivienda, ella no lo aceptó y comenzaron los problemas. La propietaria puso el caso en manos de la Justicia y el tema llegó hasta el Tribunal Supremo. Mientras se resolvía, ella y su familia ocuparon la casa con la excusa de hacer unas mediciones. Ahora están pendientes de una orden de embargo porque la constructora no ha abonado las cuotas de la hipoteca que los propietarios nunca pudieron formalizar.

Todo empezó hace cinco años cuando la propietaria y la empresa encargada de la obra (Zaragoza de Promociones S. L.) firmaron un contrato de compraventa. En mayo de 2004, la constructora les avisó de que las viviendas iban a entregarse y que se iba a incrementar el precio. La subida se basaba en el incremento de precios que había experimentado el mercado inmobiliario, según les dijeron. Pero las conversaciones nunca concluyeron y en junio de 2006 la casa se vendió a otra empresa, Tarsis Tercer Milenio S. L. Un mes después, volvió a venderse a una tercera, Queribus Inversiones S. L. El precio en ambos casos fue casi el mismo que el acordado inicialmente con la compradora.

Ana y su familia denunciaron el caso y, en diciembre de 2008, la Audiencia Provincial de Zaragoza reconoció la propiedad del inmueble. Esto anulaba las ventas anteriores, en las que se consideraba que había habido «mala fe» por parte de las empresas. El abogado de esta familia solicitó la anotación preventiva de la demanda pero, por causas que desconocen, no se llevó a cabo.

La constructora, por su parte, presentó un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia, pero no fue admitido. El asunto llegó hasta el Supremo, que ratificó la sentencia de la Audiencia que falló que Ana Muñoz es la propietaria y el precio de la casa debía ser el fijado en primer término.

Pero mientras el proceso judicial seguía avanzando, la última empresa propietaria no pagó los plazos de la hipoteca y la entidad bancaria ha pedido que se ejecute el embargo. Tanto la familia afectada como su abogado denuncian que la caja de ahorros (que prefirió no pronunciarse) conocía el procedimiento judicial existente, pese a que no se había llegado a inscribir la anotación preventiva de la demanda.

Si no se resuelve la situación, el 3 de marzo la familia tendrá que abandonar la vivienda. «No entendemos por qué no se ha resuelto todo antes ni por qué no se han tenido en cuenta las sentencias», añade Ana, que asegura que está dispuesta a instalarse junto a su marido y sus tres hijos en la puerta de su casa con una tienda de campaña. «Es una situación difícil de entender, pero es que nosotros somos okupas de nuestra propia casa».

Según explica Ana, el 28 de enero de 2006, ella y su marido pidieron las llaves a los empleados que trabajaban en la obra para hacer unas mediciones y aprovecharon para instalarse en la casa. Solicitaron la presencia de la Guardia Civil del puesto de Alfajarín. «Fue una decisión difícil de tomar, pero creímos que era la única solución en ese momento, ya que la casa era nuestra», expone. Asegura que hasta que el Supremo no ratificó la sentencia de la Audiencia no durmieron tranquilos. «El auto del Supremo decía que ya no podía recurrirse y eso nos dio tranquilidad y comenzamos a hacer algunas obras que teníamos previstas en casa», continúa.

Todo cambió al poco tiempo cuando Ana y su marido se enteraron a través de un amigo de que su casa estaba a la venta en internet. «Había dos fotos del exterior». El portal inmobiliario de la caja de ahorros con la que se había hecho la hipoteca la había sacado a la venta por 180.100 euros, una cifra superior a la que se incluía en el contrato inicial.

Ana y su familia han colgado un cartel en el que avisan a los posibles compradores de la vivienda que se pongan en contacto con ellos y dejen un número de teléfono. Su objetivo es que conozcan su situación y la existencia de esa sentencia que los declara propietarios de la casa, comprada con la intención de mudarse a un lugar más tranquilo para sus hijos.

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