La Diputación, con el PSOE como cabeza visible del equipo de gobierno, manda un aviso al Ejecutivo central. La institución no está de acuerdo con un nuevo decreto que reduce las primas del Estado a quienes han invertido en huertos solares. La queja se fundamenta en su carácter retroactivo al afectar a los ciudadanos que instalaron una planta fotovoltaica con arreglo a lo que decía la anterior normativa. Debido a la «inseguridad jurídica» resultante, la DPZ aprobó ayer por unanimidad una propuesta socialista en la que se insta al gabinete Zapatero a adoptar «las medidas necesarias para derogar» el decreto de la discordia en lo relativo a las modificaciones retroactivas.

En un segundo punto, la moción del PSOE solicita al Congreso de los Diputados, al Senado, a las Cortes de Aragón y a la DGA que apoyen su petición ante el Gobierno de España.

El grupo provincial socialista señala en el texto que el Ejecutivo nacional ha variado las normas y la retribución para las inversiones destinadas a producir energía por medio de plantas fotovoltaicas al amparo de un Real Decreto de 2007. En este figuraban las condiciones y precios para las personas que entonces se animaban a habilitar huertos solares en busca de rentabilidad. La norma del pasado diciembre, destinada a la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, cambia el panorama y fija otros baremos, con el consiguiente problema, exponen los socialistas, para quienes suscribieron préstamos con los que ejecutar esa inversión. Una cuantía que no podrán devolver atendiendo a los nuevos precios para la producción de energía fotovoltaica.

«Corren así el riesgo de que el banco les quite la planta y de que pierdan unos ahorros legalmente invertidos bajo una ley aprobada por el Gobierno», reza la moción. Francisco Compés, diputado socialista autor de la misma, sostuvo que la decisión «discrimina» y supone un «abuso del Estado» hacia los que apostaron años atrás por los huertos solares.

Compés recordó que el perfil de afectados corresponde a pequeños ahorradores, algunos de los cuales incluso llegaron a hipotecarse para conseguir una pensión complementaria. El también alcalde de Almonacid de la Sierra no supo precisar el número de personas con plantas fotovoltaicas en Aragón, si bien remarcó que en el conjunto del país habrá unas 55.000 familias que han puesto dinero en estos proyectos.

La iniciativa socialista contó con el respaldo del PAR y CHA (sus socios en el actual mandato) y del PP. Los aragonesistas reprocharon al PSOE que no les hubieran avisado para poder presentar un escrito conjunto. CHA lamentó que la moción se «quede corta» y el PP vio paradójico que «el PSOE le pida al PSOE que cambie algo que ha regulado».