Encarna Moreno Fernández hace años que no celebra la Navidad. Acaba de salir de la cárcel de Zuera tras una condena de dos años "por robar un carro de comida". Su marido y una de sus hijas siguen en prisión, y el resto de su familia malvive en un asentamiento chabolista de Cogullada. Por eso, el viernes por la tarde mandó a sus hijos al piso de alquiler de uno de sus hermanos y luego pasó la Nochebuena como un día cualquiera: cuidando de su madre junto a una estufa de leña. "Hice arroz con pollo y y bebimos agua... ni cocacolas ni nada", cuenta resignada esta gitana.

Su historia es la de una de las muchas familias de Zaragoza que, pese a los esfuerzos de las instituciones, siguen habitando en chabolas o infraviviendas. Después de que en febrero de este año una niña de 2 años muriera al arder una caravana, el pasado jueves otro incendio en un edificio de Miralbueno obligó a desalojar a 40 ocupas y volvió a poner de manifiesto las penurias y los peligros que padecen las personas que se encuentran en esta situación de pobreza.

Antes de instalarse en Cogullada, los Moreno Fernández también estuvieron en pisos ocupados o de alquiler, pero ni siquiera la abuela, Visitación Fernández Gabarre, ha tenido una casa propia en sus 73 años. Aunque nació en Pamplona, Visitación ha vivido siempre en Zaragoza "chatarreando" y criando a sus 12 hijos. Cinco viven en el mismo asentamiento chabolista que ella, durmiendo entre cuatro tablas con cartones, cogiendo la luz de las farolas y el agua de una manguera.

"Así llevamos unos cinco años y en total somos unas 15 familias -cuenta Encarna-. Antes por lo menos estábamos entre cuatro paredes en una fábrica abandonada de la avenida de Cataluña, pero la derribaron y nos tuvimos que marchar". Encarna vive en una chabola con cuatro de sus hijos -tres de ellos menores- y con un nieto. La de al lado la ocupan la otra hija, su yerno y su otro nieto, y el resto de la familia se reparte en dos casuchas más.

Pendientes de un realojo

Mientras estuvo en la cárcel, a los hijos pequeños los cuidaron los mayores. Ahora que ha salido, ella cuida de la abuela, que está enferma, y tramita los papeles para cobrar un subsidio. "Por haber estado en prisión me corresponde una paga de 400 euros durante 18 meses -aclara-. Además, estoy esperando a que el Ayuntamiento de Zaragoza me dé un piso de alquiler".

Los Moreno Fernández aseguran que, desde la muerte de aquella niña, el Consistorio ha intensificado el programa de realojo en viviendas sociales. "En la zona en la que se produjo el incendio ya no hay chabolistas, y en nuestro asentamiento ya se ha realojado a dos familias -cuenta José Manuel Bello, cuñado de Encarna-. Nosotros estamos a la espera, pero nos dicen que para abril por fin nos podremos ir a una casa digna".

Encarna ha solicitado una vivienda para ella y para sus hijos pequeños. Los mayores han pedido otra, y José Manuel, una tercera. Para acceder a ellas tienen que realizar unos cursillos de formación que les ayudarán a encontrar trabajo. También deben firmar un contrato que les impide alojar a nadie sin permiso de los técnicos del Ayuntamiento, pero esta familia con lo que no está de acuerdo es con lo que pasa con la abuela.

"A mi madre no le quieren dar un piso porque dicen que es muy mayor -cuentan Faustino y José, dos hermanos de Encarna que viven en la misma chabola que la abuela-. Nos dicen de meterla en una residencia y que nosotros nos vayamos a un centro, pero mientras pueda estar con sus hijos mi madre no irá a una residencia".

El drama de no ver a los hijos

Aunque no lleva los mismos apellidos, Natividad Jiménez Jiménez también es hermana de Encarna. La abuela de la familia la adoptó cuando sus padres la dejaron "tirada", y ahora se va a convertir en el primer miembro de los Moreno Fernández que acceda a una vivienda en alquiler del Ayuntamiento. Ya tiene las llaves, y está esperando a los muebles.

"El piso está en el Actur y ya lo he visitado -explica-. Allí viviré con mis dos hijos de 21 y 31 años, que tienen una discapacidad intelectual". Sorprendentemente, lo del piso casi no le preocupa.

La única hija de Natividad está en la cárcel -"también por robar comida"-, pero incluso eso lo podría superar. Lo que a esta mujer de 51 años y sin marido le tiene en un sinvivir es no saber "nada" de su única nieta desde hace ya dos años.

"Los servicios sociales de la DGA se la llevaron de la puerta del colegio y desde entonces solo nos dicen es que está bien -dice Natividad destrozada-. Me da igual lo del piso, lo único que le pido a Dios es que me dejen visitar a mi niña".

A José Manuel también le retiraron la custodia de un hijo hace dos años -tiene otro de ocho meses-. Ha acudido a un abogado que ya le ha cobrado "más de mil euros" y le ha dicho que no hay "nada que hacer". Por eso en el asentamiento chabolista de Cogullada tienen pánico a que los niños salgan en el periódico.

"Sé que estas no son las mejores condiciones para mi hijo, pero hasta que tuve que venir aquí estuve siempre en un piso. Hay niños en muchas peores condiciones y no se los llevan -critica el padre con rabia-. Me dicen que mi hijo está bien, pero yo me he criado en un centro de menores y en esos sitios no se está bien".

Natividad y José Manuel esperan que, cuando les den sus pisos de alquiler, la situación mejore. "Tengo una pensión de invalidez de 800 euros. Entre eso y lo que me saco por ahí podremos vivir dignamente, a ver si entonces al menos me dejan visitar a mi hijo -dice él-. Vamos a seguir luchando por salir adelante, porque estando en una chabola se te va quitando la ilusión por todo".