Los vecinos de Miralbueno llevaban dos años denunciando la situación del edificio incendiado

zaragoza. El incendio que el jueves por la noche obligó a desalojar a 40 personas, entre ellas varios menores, que habitaban ilegalmente un edificio de Miralbueno es el último capítulo de un conflicto que viene de tiempo atrás. Los vecinos de este barrio zaragozano llevan dos años quejándose de que la llegada de este grupo de familias ocupas ha generado un problema tanto de seguridad -por las condiciones en las que se encuentra el inmueble- como de convivencia -por las molestias que provocaban sus moradores-.

"Con toda la basura que había acumulada en ese almacén, el fuego podía haber sido una tragedia -dicen los residentes de la zona-. Después de todas las denuncias que ha habido, es lamentable que haya tenido que pasar esto? a ver si ahora las autoridades buscan una solución".

El edificio está situado en el número 41 del camino del Pilón, y es un bloque de pisos antiguo que durante años estuvo destinado a alquileres de renta antigua. Posteriormente, sus propietarios lo vendieron a una constructora que pretendía derribarlo y levantar un inmueble nuevo, pero la crisis económica hizo que acabara en manos de una entidad bancaria.

Según explican los vecinos -que prefieren no dar su nombre por temor a problemas-, en un principio la construcción estaba vacía y cerrada con cadenas y candados. Sin embargo, conforme pasó el tiempo sus puertas y ventanas desaparecieron y varias familias de rumanos y españoles fueron ocupándola de manera ilegal. Entonces empezaron los roces.

"Es verdad que esas personas iban a lo suyo y no se metían con nadie, pero generaban un conflicto de convivencia -cuentan varios inquilinos de edificios cercanos-. Ponían la música a tope hasta las tantas de la madrugada, llenaban de basura el patio de atrás, tiraban cosas por las ventanas, se peleaban entre ellos...".

Peligros y molestias

Siempre según los vecinos afectados, el incendio ocurrido el pasado jueves por la noche, del que todavía no se conocen las causas, "iba a llegar tarde o temprano". "Esas familias tenían luz, pero de manera precaria -señalan-. Si además no hacían más que acumular todo tipo de materiales, el riesgo era más que evidente... los que vivimos pared con pared teníamos siempre el miedo encima".

Esta situación provocó "decenas" de denuncias ante la Policía Local y también quejas ante la Policía Nacional y el Ayuntamiento de Zaragoza. En septiembre del año pasado, la Gerencia Municipal de Urbanismo requirió a la propiedad de la finca para que acometiera "trabajos de conservación y mantenimiento en toda la edificación en general". Posteriormente, el Consistorio le impuso una multa de 150 euros, cantidad que para los denunciantes resulta "ridícula".

"Igual suena fuerte, pero sabiendo que no ha habido daños personales para nosotros el incendio casi ha sido una buena noticia -sostiene un inquilino que vive en el portal de al lado-. Supongo que ahora no dejarán volver a ocupar el edificio y podremos volver a la tranquilidad".

El desalojo ya se está tramitando

El viernes, un técnico del Ayuntamiento visitó el inmueble siniestrado y decidió clausurarlo ante el riesgo de que los daños sufridos puedan provocar algún derrumbe. Esta medida fue comunicada a la entidad bancaria propietaria del bloque, que ha puesto vigilancia privada para evitar que nadie entre dentro y pueda sufrir un accidente.

Además, el presidente de la Asociación de Vecinos San Lamberto, Luis Gargallo, explica que la propiedad del edificio ya ha iniciado los trámites para conseguir que un juez ordene el desalojo de las familias ocupas. "Me consta que el proceso comenzó hace meses -confirma-. El problema es que estas cosas son muy lentas y mientras tanto el problema sigue ahí, a ver si con el incendio todo se acelera".

Con allegados o en el albergue

En cuanto a las familias que han tenido que marcharse de los pisos que ocupaban ilegalmente, el director del albergue municipal, Gustavo García, explicó que la mayoría de las 40 personas desalojadas se han ido a casa de algún familiar o algún amigo.

"Nuestra prioridad eran los menores, así que la misma noche del incendio pusimos a su disposición un apartamento tutelado y un espacio con 14 camas -señaló García-. En ese primer momento solo vino un padre con una niña".

Al día siguiente, viernes, una técnico de los servicios sociales del Ayuntamiento y dos trabajadoras sociales del albergue volvieron a comunicar a los desalojados que podían acudir a las instalaciones municipales. Las familias respondieron diciendo que pensaban ir a casa de algún allegado, pero finalmente en el albergue se ha atendido a otras nueve personas más -todas adultas-.

"Nosotros no podemos obligar a nadie a venir, pero si alguno de los desalojados ha dormido en la calle ha sido porque ha querido -recalcó Gustavo García-. No podemos facilitarles una vivienda de forma inmediata, pero tenemos espacio para acogerlos a todos y flexibilidad para atenderles durante un cierto tiempo". El director del albergue destacó que, aunque el plazo inicial es de seis días, existen mecanismos para prolongar esa estancia durante semanas e incluso meses -sobre todo si se trata de familias con niños-.