Pese a la crisis económica, ni siquiera el reclamo de los 79 euros diarios logra convencer a los zaragozanos para ser jurados. El peso de la responsabilidad se impone a la contraprestación económica e incluso al servicio público. Solo así se explica que una cuarta parte de los elegidos en el último sorteo hayan presentado alegaciones para evitar formar parte de un Tribunal Popular. De los 2.500 preseleccionados en la provincia, 657 han manifestado su deseo de no ser llamados. Y aunque muchas de las peticiones cumplían los requisitos y han sido atendidas, a más de un centenar de personas se les ha denegado la solicitud.

Desde el año 1996, cuando se celebró el primer juicio con jurado popular en España, esta opción ha ido perdiendo poco a poco adeptos. Primero entre los propios profesionales de la Justicia, y ahora incluso entre los ciudadanos, que cada vez en mayor porcentaje intentan evitar el trámite. El 'bombo' se pone a girar cada dos años, y hace una primera criba de 2.500 candidatos para Zaragoza. En este último periodo de selección, que acaba de concluir, se ha vuelto a disparar la cifra de alegaciones. Y de las 423 que hubo en 2008, se ha pasado a las 657 de 2010.

Para ser elegido como jurado basta con ser español, mayor de edad y no tener discapacidades físicas o psíquicas. "También hay que saber leer y escribir", recuerda Antonio López, funcionario encargado de tramitar los escritos que después resuelve el juez decano de Zaragoza. "Ha habido gente que ha alegado precisamente el no saber escribir para evitar ser jurado. Dudamos y pensamos que podía ser una mera excusa, pero el Instituto Nacional de Estadístico, utilizando los datos del censo, nos certificó que era verdad", recuerda.

Los mayores de 65 años, exentos

De todas las alegaciones que se reciben en Zaragoza, el mayor porcentaje -un 64,4%, este año- están relacionadas con la edad. Porque todos aquellos que hayan superado la barrera de los 65 años, automáticamente pueden pedir que se les borre de la lista. "Esta vez solo hemos rechazado una petición, y porque ni siquiera nos mandó una fotocopia del DNI", explica López.

El segundo argumento más recurrente a la hora de alegar -un 10,2%- son los impedimentos físicos, psíquicos o sensoriales. Pero en este apartado, las solicitudes rechazadas son muchas más. De hecho, esta vez se han dado por buenas 42 peticiones pero se han desestimado otras 25. Como en el resto de casos, cualquier alegación tiene que estar justificada "con papeles". "Y no todas las enfermedades son excluyentes", recuerdan en los juzgados de Zaragoza. "Hemos recibido un escrito de una persona diabética que sufrió un infarto de miocardio en 2008. Y se le ha dicho que, en principio, se va a contar con ella", dicen.

Los que no consiguen ser excluidos ahora tendrán una segunda oportunidad más adelante. Unos 30 días antes de la fecha del juicio, de entre todos los preseleccionados se designa, otra vez por sorteo, a 36 candidatos. Y cuando se contacta con ellos, estos pueden volver a alegar. Será la Audiencia Provincial la que se pronuncie entonces sobre cada caso y comunique su decisión al interesado.

Las cargas familiares también son una excusa muy habitual -un 5,8% del total-, y suelen ser mujeres quienes las alegan. Este año, se han aceptado 19 solicitudes y se han rechazado otras tantas. "Una madre nos ha escrito diciendo que tiene gemelos, pero el juez no ha entendido que esta circunstancia constituya un impedimento", señala el funcionario encargado de responder a todos los escritos.

Para determinados colectivos profesionales, especialmente los autónomos, ser llamados para constituir un Tribunal Popular supone un verdadero trastorno. Y por ello, esta vez, casi un 6% de las alegaciones tienen esta procedencia. Pero sus reclamaciones no suelen prosperar, y de las 39 tramitadas este año solo ha salido adelante una. Además de comerciantes, camioneros u otros trabajadores por cuenta propia, tampoco se suelen librar de la designación directores de colegios o de otros organismos y cargos de responsabilidad. Los que sí están excluidos son jueces, fiscales, funcionarios de Justicia y abogados. También policías y miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado.