Un tribunal popular declaró ayer culpable de homicidio a José Manuel Montero Outeiral, de 36 años, el indigente que vivía en una casa abandonada de Miralbueno y que acabó con la vida de Cándido Sánchez López, de 49 años, estrangulándole con las manos.

El jurado se ha inclinado por la tesis de la fiscalía, que mantuvo que el acusado mató a la víctima usando unos medios desproporcionados al ataque recibido y ha desestimado el argumento del abogado defensor, que sostuvo que su cliente temió por su vida y no hizo nada más que defenderse.

El homicidio se cometió el 12 de mayo de 2009 en una casa en ruinas de la calle de Enrique Val, que ambos hombres, que estaban en la indigencia, habían ocupado para vivir. Esa noche Cándido Sánchez llegó bebido y con una barra de hierro rompió los cristales de una puerta y después golpeó a José Manuel Montero. Como respuesta, este le pegó en el pecho y luego le agarró por el cuello provocándole la asfixia hasta su muerte.

Al día siguiente del crimen, el acusado se fue a Galicia porque tenía que ser juzgado por resistencia a la autoridad. Cuando volvió dos días después, trasladó el cadáver a otro cuarto, lo envolvió en una lona y lo dejó en el suelo. De vez en cuando, lo rociaba con lejía para evitar el mal olor. Así estuvo durante nueve días hasta que el 21 de mayo una patrulla de la Policía Nacional sospechó de Montero al verle meterse en la casa abandonada y entró tras él para identificarle. Al inspeccionar la vivienda y pedirle que abriera la puerta de la habitación, Montero confesó que dentro estaba el cadáver de Cándido Sánchez y que había sido él quien lo había matado tras una disputa.

El tribunal reconoce en su veredicto que debe aplicarse la atenuante de confesión esgrimida por el fiscal pero no la eximente completa de legítima defensa alegada por el abogado del acusado.

En sus argumentaciones, los miembros del tribunal popular consideran excesivo el tiempo que Cándido Sánchez estuvo reducido y tirado en la cama mientras el acusado le presionaba su cuello (dos minutos) y entienden que el homicida pudo haber desistido de su agresión sin riesgo para su vida y sin llegar a causar la muerte de su oponente, según informó ayer el Tribunal Superior d Justicia de Aragón.

En sus informes, el fiscal solicitó una pena de 12 años de prisión mientras que su abogado pidió la absolución por legítima defensa. El jurado, presidido por el magistrado Rubén Blasco, estaba constituido por seis mujeres y tres hombres, residentes todos ellos en Zaragoza. Sus deliberaciones comenzaron a las 9 y terminaron a las 14.00.