“Aumentó el dolor de la víctima de forma deliberada e inhumana”
El crimen del camionero andaluz José María Justicia Expósito lleva casi cuatro años enquistado en los juzgados de Zaragoza. Una tramitación excesivamente prolongada para un sumario y un auténtico calvario para la familia de la víctima, que vio cómo le presentaban a dos presuntos asesinos distintos en cuestión de meses. Tras no pocas vicisitudes, la fiscalía acaba de solicitar ahora la apertura de juicio oral. Y aunque todavía no hay fecha definitiva, todo apunta a que podría celebrarse en torno al mes de septiembre ante un Jurado Popular.
Basta repasar los adjetivos que utiliza el fiscal para hacerse idea de lo desproporcionada que fue la paliza sufrida por el camionero de Huelma (Jaén), la madrugada del 21 de mayo de 2006. Habla de una agresión_“brutal”, de golpes y patadas propinados “con saña” y de una forma “deliberada e inhumana” para aumentar el dolor a la víctima.
Recuerda también que el transportista no ofreció la más mínima resistencia, porque los primeros puñetazos le hicieron perder el equilibrio y caer al suelo. Su cuerpo quedó “arrinconado” junto a un escaparate, “inmóvil e inerte” a merced de su agresor, que dirigió la mayoría de las patadas hacia su cabeza.
Aquella fatídica noche, la víctima había salido a tomar algo por la zona de copas de León XIII. El camionero estaba de ruta y había quedado en Zaragoza con otro compañero transportista -de su mismo pueblo- para que le diera el petate que le había preparado su mujer. Sobre las cinco de la madrugada, cuando ambos caminaban por la calle de San Vicente Mártir, se cruzaron con dos jóvenes: el acusado, Juan Carlos Larriba Marco, y un amigo, menor de edad. Este último increpó al acompañante de José María Justicia, para enzarzarse después con él. El procesado se fue directo a por el otro camionero, al que pisoteó la cabeza hasta causarle la muerte. La autopsia reveló después que le había aplastado el cerebro.
23 años de alejamiento
El fiscal considera que Juan Carlos Larriba es autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, por el que pide una condena de 22 años. Como medida accesoria, reclama también una orden de alejamiento respecto de la familia directa de la víctima -mujer, hijas y padres- durante 23 años. En concepto de responsabilidad civil, solicita indemnizaciones que suman 280.000 euros.
La acusación particular, ejercida por el letrado Enrique Trebo-lle en nombre de la familia del fallecido, eleva la pena a 25 años. Y en cuanto a las compensaciones económicas, considera que la cantidad debe ascender a 340.000 euros. Por su parte, la defensa, de la que se encarga Javier Elía, niega los hechos y demanda la libre absolución del procesado. De forma alternativa, planteará que su cliente sea condenado a diez años de prisión.
