El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha comunicado a la CHE que los dragados puntuales en el Ebro planteados por varios municipios ribereños de la provincia de Zaragoza tienen que ser sometidos a evaluación de impacto ambiental. El equipo que dirige la ministra Elena Espinosa ha tardado 11 meses en responder a esa solicitud, y la decisión que ha tomado finalmente supone que la tramitación de esas limpiezas de cauce se va a prolongar como mínimo otro año -es muy probable que incluso más-.

Ahora, los ayuntamientos que han pedido la retirada de gravas y maleza en varios tramos del Ebro alegando que ponen en peligro sus cascos urbanos tendrán que redactar un estudio sobre las afecciones previstas. Después deberán enviarlo a Madrid y esperar a que el Ministerio formule la declaración de impacto ambiental, que además podrá ser positiva o negativa. Es imposible saber cuánto durará ese proceso, pero la experiencia acumulada durante años impide ser optimista.

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro confirmaron ayer la decisión adoptada por Medio Ambiente y recordaron que se debe a la necesidad de cumplir escrupulosamente la normativa vigente. También indicaron que el organismo de cuenca ya se ha puesto a disposición de los municipios solicitantes para ayudarles a preparar el estudio de impacto ambiental de las actuaciones propuestas.

Sí se harán en Gallur y Cabañas

El anuncio del Ministerio se ha producido dos meses después de que la CHE autorizara sendas limpiezas de cauce a la altura de Gallur y Cabañas. La Confederación dio el visto bueno a esos dos dragados puntuales tras recibir un informe favorable del Departamento de Medio Ambiente de la DGA y al comprobar que los puntos en los que se harán esos dragados no son ni zona de especial protección para las aves (ZEPA) ni lugar de interés comunitario (LIC).

Esa última circunstancia fue la que permitió que la decisión recayera en el organismo de cuenca. Por el contrario, las actuaciones solicitadas a comienzos de 2009 por los consistorios de Novillas, Boquiñeni, Pradilla, Alcalá, Fuentes y Pina sí están dentro de la Red Natura 2000, lo que implica que la autorización de las limpiezas corresponde al Ministerio.

Lo que hizo la CHE tras recibir las peticiones de estas localidades fue tramitarlas y enviarlas a Madrid. Sin embargo, Medio Ambiente ha tardado casi un año en decidir si era necesario someter esos dragados a evaluación de impacto ambiental.

Esta lentitud en la tramitación -que suele ir acompañada por una ausencia total de noticias sobre el proceso- desespera a los pueblos de la ribera del Ebro, que llevan años defendiendo que si no se limpia el cauce del río los daños provocados por las avenidas serán cada vez mayores.

Esta misma semana, tras la última riada, esos municipios han vuelto a ser un clamor solicitando los dragados. Alcaldes, agricultores, sindicatos agrarios y partidos políticos denuncian que ni la Confederación ni el Gobierno de Aragón están haciendo nada para solucionar el problema. El organismo de cuenca se defiende recordando que ya ha puesto en marcha distintas actuaciones complementarias que incluyen la limpieza de puntos concretos, pero lo cierto que es casi todas están todavía en fase de proyecto.

Por su parte, el mundo científico y los ecologistas rechazan que las limpiezas sean una solución válida contra las riadas y recuerdan que en poco tiempo el río vuelve a su estado original.

La DGA pedía eliminar ese paso

Por su parte, el Departamento de Medio Ambiente de la DGA ya dejó claro el año pasado, cuando se presentaron las solicitudes, que en su opinión, y atendiendo al riesgo para los cascos urbanos, existen herramientas legales más que suficientes para que el Ministerio tramite esos dragados por la vía de urgencia y sin someterlos a evaluación de impacto ambiental.